La violencia contra la mujer tiene muchas caras. Sin embargo, a veces nos encontramos con muestras de discriminación y violencia de género, perpetradas y aceptadas por la sociedad en general, en donde se desdibujan los límites de quién es la víctima y quién el victimario. A la luz de comentarios como “nadie las tiene yendo a bares”, “eso les pasa por borrachas y fiesteras” y de títulos en medios de comunicación como “Se toman dos cervezas y terminan violadas”, es que podemos abordar algunas situaciones que propician y refuerzan la violencia de género en el país.
Indudablemente, son muchos los casos de violaciones sexuales que se originan en contextos relacionados con alcohol y drogas. Probablemente, muchos más de los que imaginamos, porque la gran mayoría de las víctimas no denuncian. Y, ciertamente, hay circunstancias que facilitan la consumación de esta clase de hechos.
No obstante, no se puede perder de vista que este problema se agrava cuando la impunidad y la revictimización son la respuesta social (y, muchas veces, judicial) ante la violencia sexual.
Gravedad ignorada. Este contexto favorece un continuum de violencia y discriminación contra las mujeres, basado en prácticas sociales que tienden a desvirtuar el carácter grave de un acto de violencia sexual. Se desvaloriza la violencia mediante discursos que atribuyen la responsabilidad de estos hechos a las mujeres: por el lugar en donde se encontraba, por la ropa que usaba, por su historial sexual y un sinfín de justificaciones al agresor.
Estas manifestaciones responden a un contexto social, en donde la violencia es tolerada. Patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios hacia el rol social de las mujeres impiden que las víctimas busquen justicia en el sistema, principalmente, por afirmaciones que las predisponen a autodeterminarse como culpables de la situación, como no merecedoras de una respuesta eficaz por parte de la administración.
En este sentido, el Estado es responsable de administrar la justicia competente e imparcial y de responder ante casos de violencia sexual con celeridad. Pero esto no debería limitarse a servicios judiciales, sino, también, debería extenderse a todos los sectores de la estructura estatal que tengan alguna relación con el abordaje de la violencia de género.
Deber ciudadano. A pesar de que gran parte de la responsabilidad la carga el Estado, como ciudadanos tenemos el deber de informarnos antes de emitir juicios de valor, máxime ante temas tan delicados como la violencia sexual.
Es atroz enfrentarse a manifestaciones de muchos que lanzan pedradas en contra de las mujeres víctimas de violencia sexual, en el contexto que sea, solo por el hecho de no cumplir con los estándares establecidos socioculturalmente para ese género: quedarse en casa, no salir sola, vestirse de una determinada manera… Es alarmante cómo, ante el creciente porcentaje de violaciones, seguimos invisibilizando la violencia sexual, encubriendo al agresor y culpando a la víctima.
Aunque existe en el país un marco normativo, políticas públicas, instituciones y servicios que responden a la violencia sexual, no existe un compromiso real de la sociedad. Ante esto, el papel de la educación es vital para generar cambios sustanciales, que nos lleven a la erradicación de este problema.
Tengamos claro que las violaciones sexuales nunca son culpa de la víctima. No importa en qué contexto o bajo qué circunstancias se encontraba, nunca será culpa de la víctima. La violencia sexual es un problema público y debe ser denunciado y reparado y, de igual forma, estas reparaciones deben ser otorgadas con una vocación transformadora, que busque reformar el contexto de discriminación que reproduce la violencia sexual.
Debemos cuestionarnos, desde la formación educativa temprana, la asignación de roles de género y romper con aquellos que perpetúan la discriminación y la violencia.
La autora es estudiante de Derecho y Filosofía.
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