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La crisis ambiental –marcada por la contaminación por plásticos, la pérdida de biodiversidad, la acumulación de residuos y el calentamiento global– es consecuencia directa de un modelo lineal que opera al margen de los límites del planeta.
La economía circular surge como una alternativa necesaria y transformadora: propone transitar hacia sistemas que reduzcan, reutilicen y regeneren. No obstante, esta transición no ocurre en el vacío; se implementa en sociedades condicionadas por desigualdades históricas en el acceso a recursos, ingresos, tecnología, tierra y poder de decisión.
Una transición justa implica hacer más sostenible la economía para que sea igualitaria e inclusiva para todas las personas, al crear oportunidades de trabajo decente y con las condiciones adecuadas (OIT, 2023), y esto es lo que verdaderamente marca la diferencia entre reproducir desigualdades estructurales o transformarlas radicalmente.
La justicia ambiental exige mirar de frente cómo las mujeres asumen de manera desproporcionada los riesgos derivados de la contaminación y la gestión de residuos, donde se exponen a una alta exposición a sustancias tóxicas y la responsabilidad de gestionar residuos en condiciones inseguras (PNUMA, 2021).
Por otra parte, las nuevas tecnologías y la gobernanza de la inteligencia artificial aplicada al reciclaje deben ser sensibles al género para no crear nuevas brechas digitales y económicas (ONU Mujeres, 2026).
Omitir estas desigualdades implica perpetuar un modelo en el que las mujeres no solo sostienen la gestión de residuos, sino también los riesgos ambientales, sanitarios y socioeconómicos asociados. La justicia ambiental requiere políticas que reconozcan y mitiguen estos impactos diferenciados y garanticen su participación efectiva desde el diseño, así como en la gobernanza de los sistemas de reciclaje.
La transición justa debe abordar, también, la economía de los cuidados de manera simultánea, pues sin una red de cuidado que les permita a las mujeres liberar tiempo, a través de infraestructura de cuidado, corresponsabilidad y servicios accesibles, las mujeres no pueden insertarse en igualdad de condiciones en los empleos verdes que promete la economía circular del plástico.
Integrar la perspectiva de género en esta economía no es añadir un componente complementario a la política ambiental. Es un principio fundamental para asegurar que la transición sea legítima, justa y sostenible en el tiempo.
La acción exige pasar de las palabras a las intervenciones concretas. Generar información y datos con perspectiva de género para visibilizar la contribución real de las mujeres en el sector e identificar las brechas que persisten, y con voluntad traducida en presupuestos, con indicadores de progreso y mecanismos de rendición de cuentas.
La transición hacia una economía circular del plástico representa una oportunidad para redefinir los sistemas productivos, pero su verdadero alcance no dependerá solo de la innovación tecnológica o la eficiencia en el reciclaje, sino de la capacidad de situar la igualdad y la justicia en el centro de las decisiones.
Hablar de transición justa es, en esencia, hablar de poder: quién decide, quién se beneficia, quién asume los costos, quién tiene tiempo para participar y quién sostiene con su trabajo invisible los sistemas que mantienen la vida mientras se transforma la economía.
La igualdad de género, por tanto, no es un componente adicional de la política ambiental, sino que es una condición habilitante, ya que, sin ella, la economía circular corre el riesgo de ser un nuevo envase con desigualdades históricas y emergentes. Con ello, la transición ecológica deja de ser una promesa técnica y se convierte en una oportunidad concreta para avanzar hacia sociedades más justas, sostenibles y equitativas para todas las personas.
Avanzar hacia la igualdad requiere derechos, justicia y acciones concretas por y para todas las mujeres y niñas; es nuestro llamado desde las Naciones Unidas para este 2026, al finalizar el mes en que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres.
Esto aplica a todos los ámbitos del Desarrollo Humano Resiliente, y la economía circular del plástico no es la excepción. Su transición surge como una promesa de sostenibilidad; sin embargo, si esta transición ignora las desigualdades históricas de poder y recursos, corre el riesgo de construir un futuro “verde” sobre cimientos de exclusión.
Como nos recuerda el espíritu de la Septuagésima Sesión de la Condición Social y Jurídica de las Mujeres (CSW 70, por sus siglas en inglés), es necesario exigir justicia en todos los ámbitos; por ello, hoy afirmamos que sin igualdad de género, no hay transición justa en la economía circular del plástico.
Sandra Sosa es representante residente de PNUD.
Katherine Fernández Rojas es asociada de igualdad de género de PNUD.
