Que debamos renunciar a nuestras libertades para estar seguros es un falso dilema. Es posible enfrentar la violencia homicida con acciones que respeten el Estado democrático de derecho y no eliminen garantías individuales. Esta conclusión proviene de consultas comunitarias, revisión de buenas prácticas internacionales y entrevistas con especialistas y altos mandos policiales realizadas para el más reciente Informe Estado de la Nación.
Lo que no se debe hacer
Las intervenciones basadas en regímenes de excepción o toques de queda, inspiradas en la “mano dura” de El Salvador, no son pertinentes ni viables para Costa Rica. Las condiciones salvadoreñas son muy particulares y no pueden trasladarse. Copiar ese modelo es una promesa de orden sin garantías, un canto de sirenas con consecuencias perjudiciales.
En El Salvador, la tasa de homicidios alcanzó, en 2015, un récord mundial de 106 muertes por cada 100.000 habitantes. En el “modelo Bukele”, la reducción de homicidios se logró mediante la detención de más de 78.000 personas, muchas sin juicio, con denuncias de torturas y muertes en prisión.
Este modelo se aplicó en un territorio pequeño y densamente poblado, con la presencia de solo dos pandillas dominantes dedicadas a la extorsión y con una relación previa de negociación con las autoridades.
Además, el presidente salvadoreño impuso su estrategia gracias al control del Congreso, el Poder Judicial, los medios de comunicación, manejo de las redes sociales y el Ejército, bajo un régimen de excepción prorrogado 39 veces desde 2022, que impide la fiscalización de los recursos públicos.
Esta concentración de poder, mantenida incluso tras la reducción de homicidios, ha permitido perseguir y encarcelar a la oposición, la prensa y empresarios, así como encubrir actos de corrupción. También facilitó la reelección indefinida del presidente, pese a la prohibición constitucional.
Costa Rica enfrenta un escenario criminal muy distinto, con cientos de grupos dedicados al narcotráfico y redes transnacionales del crimen organizado, en un territorio más extenso y con menor densidad poblacional. Cuenta con una policía civil descentralizada y una institucionalidad basada en el respeto a los derechos humanos, las libertades, la división de poderes, los controles interinstitucionales y la rendición de cuentas. Gracias a ello, el país consolidó logros sociales y económicos únicos en la región y mantuvo por décadas una de las tasas más bajas de homicidios. El debilitamiento de esos logros es el caldo de cultivo que se debe atender.
Lo que sí se debe hacer
Las consultas realizadas identificaron numerosas propuestas para enfrentar la inseguridad, sin respaldo a regímenes de excepción. Estas medidas se agrupan según su efecto en el corto, mediano y largo plazo.
En el corto plazo, las acciones deben fortalecer las capacidades policiales, el uso estratégico de la información (inteligencia) y la participación ciudadana en la vigilancia y toma de decisiones. Es necesario mejorar la investigación criminal, concentrar recursos en los territorios más golpeados y evaluar constantemente las estrategias.
A mediano plazo, se requiere reformar el sistema penal y penitenciario, blindarlo contra la corrupción y recuperar los capitales del crimen. El control de armas es fundamental. También se deben revisar y cumplir las políticas y planes vigentes, dotándolos de recursos adecuados, y fortalecer el Consejo de Seguridad Nacional como espacio interinstitucional.
A largo plazo, la solución implica enfrentar las causas estructurales: desigualdad, desempleo, segregación urbana y abandono educativo. En este ámbito, la educación cumple un papel esencial, no solo para aumentar capacidades, sino también como espacio para construir comunidades seguras alrededor de los centros educativos donde niños y jóvenes pasan la mayor parte del tiempo.
Lecciones internacionales y nacionales
No es necesario inventar la rueda. Existen experiencias internacionales exitosas –como Dublín, Medellín, Cartagena y Nuevo León– que demuestran que se pueden reducir los homicidios en democracia. En Costa Rica también hay iniciativas prometedoras, como los Centros Cívicos por la Paz, la Estrategia Sembremos Seguridad, la Estrategia Territorial de Prevención de la Violencia en Puntarenas y los modelos preventivos de gestión policial.
Todas comparten elementos clave: combinan prevención y sanción penal, adaptan las intervenciones al territorio, involucran a distintos actores, miden resultados con datos confiables y comunican los avances a la población para rendir cuentas y retroalimentar las acciones.
La ruta está clara
Costa Rica no necesita renunciar a las libertades de su ciudadanía para recuperar la tranquilidad. Requiere una visión de seguridad ciudadana que comprenda que esta no se logra mediante decretos de toques de queda, sino construyendo comunidad, derechos y justicia.
El remedio salvadoreño destruiría antes de curar, pues fue diseñado para otro tipo de enfermedad y en un contexto completamente distinto.
evelynvillarreal@estadonacion.or.cr
Evelyn Villarreal Fernández es coordinadora de investigación del Informe Estado de la Justicia.