Desde hace décadas, de manera recurrente, la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente para adecuar la Constitución Política a las necesidades del país ha estado presente en el debate nacional. Desde la década de 1970, esta opción se ha planteado formalmente al menos en doce ocasiones. En esto, señor presidente, usted tiene razón: el funcionamiento deficitario del aparato público y su creciente ineficiencia –más allá de cualquier interés partidario– hacen ineludible retomar esta discusión.
Ya en 1976 y 1977, el presidente Daniel Oduber, en su informe anual a la Asamblea Legislativa, advertía de que la defensa de la democracia exigía una revisión profunda, serena y responsable de la estructura del Estado mediante la convocatoria de la Asamblea Constituyente. A su juicio, resultaba incoherente aspirar a ser un referente democrático ante el mundo mientras se sostenía un aparato público incapaz de responder con eficacia a las necesidades ciudadanas. Esa advertencia, formulada hace casi medio siglo, no solo conserva plena vigencia, sino que hoy adquiere un carácter impostergable.
La discusión sobre una Asamblea Constituyente ya no puede seguir dilatándose ni reducirse a un ejercicio retórico. No se trata de una ruptura caprichosa ni de una aventura ideológica, sino de una respuesta responsable frente al agotamiento evidente del diseño institucional vigente. La Constitución, concebida para otra época, sostiene hoy un entramado estatal rígido, ineficiente y con serias debilidades en materia de rendición de cuentas.
En este escenario, la respuesta no puede ser el discurso fácil del populismo ni la tentación autoritaria. Tampoco bastan nuevos “parches” legislativos que apenas disimulan problemas estructurales. Cualquier otra alternativa –ya sea la inacción o el simple maquillaje normativo– solo prolonga un deterioro que ha llegado a ser insostenible para la democracia costarricense.
Lo que se requiere es una renovación profunda del pacto político y social: una nueva legalidad constitucional y una arquitectura institucional capaz de recuperar gobernabilidad democrática, eficacia estatal y confianza ciudadana.
Como lo advirtió con claridad el Informe Estado de la Nación, “patear el tarro hacia adelante… es un lujo que Costa Rica ya no puede darse” (2017). La democracia no se sostiene únicamente con elecciones periódicas; exige instituciones eficaces, que rindan cuentas y actúen en sintonía con la realidad social que deben servir.
A quienes apelan al miedo para rechazar esta vía –a quienes insisten en que “no es el momento”, que “es peligroso” o que “abriría una caja de Pandora”– conviene responder con sobriedad y claridad que el mayor riesgo no es actuar, sino persistir en la inercia por temor a equivocarse.
En ese sentido, la reforma constitucional no debe entenderse como una amenaza, sino como un antídoto frente a la erosión democrática y eventuales salidas de fuerza. Una Asamblea Nacional Constituyente no promete soluciones mágicas, pero sí ofrece el marco integral necesario para evitar que las políticas públicas sigan chocando, una y otra vez, contra un diseño institucional agotado. Negarse siquiera a debatir esta posibilidad equivale, en el fondo, a desconfiar de la madurez de nuestra propia democracia.
Con el propósito de reducir riesgos y asegurar equilibrio, responsabilidad y experiencia, la propuesta que promovemos incorpora salvaguardas claras y bien definidas. En primer término, se establece que los expresidentes de la República podrán participar en las deliberaciones de la Asamblea con derecho a voz, pero sin voto, de modo que contribuyan con su experiencia, conocimiento institucional y criterio prudente.
Asimismo, como garantía decisiva, el texto que aprueben los constituyentes deberá someterse obligatoriamente a referéndum, para que sea el pueblo costarricense –y solo él– el que determine si adopta o no una nueva Constitución. Esta salvaguarda final coloca la decisión en su cauce democrático natural y reduce los riesgos políticos e institucionales a su mínima expresión.
La Asamblea Nacional Constituyente es el mecanismo legítimo para renovar el Estado costarricense. No supone una ruptura del orden democrático, sino su continuidad por vías pacíficas y conforme a las reglas del Estado de derecho, siempre que se rija por principios claros: legalidad, participación plural, deliberación responsable, transparencia y seguridad jurídica.
La historia demuestra que las democracias no se debilitan cuando se revisan con seriedad, sino cuando se niegan a corregirse. Ha llegado el momento de debatir sin miedo, deliberar con rigor y decidir como país. El futuro constitucional de Costa Rica debe definirse por la voluntad consciente de sus ciudadanos, y no por atajos populistas ni por tentaciones autoritarias.
Alex Solís Fallas es abogado constitucionalista y fue contralor general de la República.