EscucharLa campaña por un segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluyó la promesa de nombrar un nuevo comisionado entre cuyas responsabilidades estará garantizar “la justicia intergeneracional”.
Su anuncio refleja una conciencia cada vez mayor de la necesidad de considerar los efectos a largo plazo de las políticas de la Unión Europea (UE), especialmente después de un ciclo político en gran medida centrado en las crisis a corto plazo. Quizá, contradictoriamente, la adopción de una estrategia con visión de futuro también podría ayudar a los responsables de las políticas a abordar los desafíos actuales de manera más eficaz.
Pero si bien la decisión histórica de Von der Leyen —producto de una presión persistente de parte de numerosas ONG, entre ellas Future Generations Initiative— representa una evolución significativa en la gobernanza europea, todavía hay más trabajo por hacer.
Por sobre todas las cosas, el nuevo comisionado para la justicia intergeneracional debe contar con las herramientas correctas y un mandato claro. Al colaborar estrechamente con otros comisionados, debería tener una influencia considerable en toda la legislación de la UE. Pero alcanzar un cambio transformador también exige un cambio profundo de mentalidad.
Para fomentar un abordaje integral en cuanto a la toma de decisiones, se deben incorporar consideraciones a largo plazo en las discusiones de todos los días. Infundir confianza entre los ciudadanos es crítico para el éxito de este esfuerzo.
Derechos con miras al mañana
Varios principios fundamentales ayudarán a darle forma al papel del nuevo comisionado y alentar políticas innovadoras. Para empezar, los derechos de las generaciones futuras deben definirse legalmente y ser ejecutables. En particular, los conceptos de “solidaridad entre generaciones” y “desarrollo sostenible” ya están consagrados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y están reflejados en el principio precautorio que forma la base de la legislación de la UE.
Sin embargo, para garantizar una ejecución eficaz, los responsables de las políticas deben definir claramente los derechos que requieren protección. Esto implica, explícitamente, declarar que la carga de mitigar las grandes amenazas, como el cambio climático, o de adaptarse a ellas, no se les debe endilgar a las generaciones futuras.
Como enfatizó la Corte Europea de Derechos Humanos en un dictamen histórico reciente, las políticas de los Estados miembros deberían guiarse por la “importancia de compartir la carga intergeneracional” y proteger “a los miembros de la sociedad que se verán más afectados” por estos desafíos, inclusive si están “en una clara desventaja representativa”.
Esto es especialmente válido en áreas como la política climática, la conservación de la naturaleza, las tecnologías emergentes y la preparación pandémica, en las cuales las decisiones desacertadas y cortoplacistas producen un perjuicio duradero y potencialmente irreversible. Para evitar estas situaciones, es necesario fijar prioridades claras a largo plazo y garantizar que la representación de los intereses de las generaciones futuras contrarreste la toma de decisiones a corto plazo.
Perspectiva a largo plazo
Asimismo, es crucial distinguir entre “generaciones futuras” y los niños y jóvenes de hoy. Si bien sus intereses se superponen, estos grupos son marcadamente diferentes y no deberían mezclarse. Las políticas destinadas a las generaciones futuras no se ocupan necesariamente de cuestiones como la educación o el mercado laboral; por el contrario, apuntan a introducir una perspectiva a largo plazo en el proceso legislativo.
La previsión debe convertirse en un componente esencial de la legislación de la UE. Toda propuesta nueva debería ser sometida a una evaluación de impacto rigurosa para garantizar que esté alineada con las prioridades a largo plazo, que pueda alcanzar sus objetivos manifiestos y que aborde las cuestiones que intenta resolver de manera eficiente, con base en el conocimiento científico y la evidencia más recientes.
Este proceso también podría ayudar a someter las nuevas iniciativas a pruebas de estrés, a fin de garantizar que pueden soportar shocks y desafíos imprevistos.
Por último, deberían incorporarse las perspectivas de los ciudadanos comunes en las discusiones estratégicas. Al crear foros públicos que se basen en iniciativas, como la Conferencia sobre el Futuro de Europa y Paneles Europeos de Ciudadanos de la Comisión Europea, los responsables de las políticas podrían mantener la viabilidad de los compromisos a largo plazo y garantizar que los intereses de las generaciones futuras desempeñen un papel central en cómo Europa aborda los principales problemas sociales.
Las autoridades muchas veces priorizan los beneficios a corto plazo para sus electores por sobre la planificación a largo plazo, lo que crea profundas tensiones intergeneracionales que plantean riesgos sistémicos. Frente a esta realidad, la designación de un comisionado para la justicia intergeneracional tiene el potencial de transformar el diseño de políticas europeo.
Nuestras propuestas ayudarán a garantizar que las decisiones de hoy no comprometan el bienestar de quienes todavía no han nacido. Pero para que esta nueva autoridad cumpla su mandato, es necesario que convoque a organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos, que hagan aportes y exijan una rendición de cuentas de sus autoridades. Solo a través de una participación activa y de un escrutinio público este esfuerzo pionero puede concretar todo su potencial.
Con un respaldo y recursos adecuados, el comisionado para la justicia intergeneracional de la UE podría sentar un precedente respecto de cómo las instituciones democráticas pueden representar mejor los intereses a largo plazo de la sociedad.
En medio de desafíos globales sin precedentes, desde el cambio climático hasta la alteración tecnológica, este tipo de gobernanza innovadora no solo es deseable; resulta esencial.
Béla Kuslits es oficial sénior de Ecología en el Centro Social Jesuita de Europa y director de campaña para la Future Generations Initiative.
Katalin Sulyok, profesora adjunta de Derecho Ambiental Internacional y Derecho Climático en la Universidad Eötvös Lorand, es principal asesora legal del defensor del pueblo para las generaciones futuras de Hungría.
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