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El expresidente Oscar Arias ha propuesto al país la venta de activos del Estado para reducir la deuda interna y dedicar los recursos liberados a mejorar y ampliar la cobertura de la educación en el país. Don Oscar ha señalado que aproximadamente la mitad de los adolescentes del país no asisten a los colegios.
La propuesta busca promover el desarrollo y la equidad. Sin embargo, ha sido combatida en varios frentes. Así por ejemplo, Ottón Solís en La Nación del 15 de diciembre ataca la propuesta. Da seis argumentos en contra de la propuesta. Analicemos cada uno.
1.- Si no eliminamos el desequilibrio entre gastos corrientes e ingresos tributarios, la deuda resurgiría.
Este es un argumento correcto, pero incorrecto para oponerse a la propuesta de la venta de activos. El déficit fiscal no va a desaparecer permanentemente mientras no se reduzca el peso del gasto de intereses en el gasto total del Gobierno Central. Este, el año pasad o, pagó por intereses de la deuda 94.501.300.000 colones, lo que representa un 29 por ciento del gasto total. La eliminación del déficit fiscal sin la venta de activos, manteniéndose el peso de la deuda, implicará un costo social (menos inversión en infraestructura, menos servicios y más deterioro de los servicios de educación y salud), lo cual no es deseable por los costarricenses, ni políticamente posible. El argumento correcto es: la privatización tiene que ir acompañada de la aprobación de las garantías económicas.
2.- Algunas empresas generan ingresos para las arcas públicas cuando sus políticas de precios y tarifas responden a las necesidades financieras del Estado.
Tampoco es un argumento para oponerse a la privatización por dos razones. Primero, no es una buena práctica camuflar impuestos en las tarifas de las empresas públicas para que generen un superávit que financie el déficit del Gobierno Central. Segundo, si se quiere recaudar ingresos fiscales de los sectores de electricidad, teléfono, combustible y seguros, entonces lo correcto sería establecer un impuesto a la producción de estos sectores, independientemente de si pertenecen al sector privado o al público. No debemos olvidar los costarricenses --y los diputados con mayor razón-- que es a la Asamblea Legislativa a quien corresponde el establecimiento de los impuestos y no a ninguna otra institución o empresa pública. En otras palabras, el argumento correcto es: junto con la privatización hay que determinar cuál es la estructura impositiva que se establecerá sobre los sectores donde estaban las empresas del Estado.
3.- Tampoco procede la venta de activos como forma de financiar la educación, la salud o la seguridad ciudadana. Estas son responsabilidades normales y permanentes del Estado, por lo que su financiamiento debe originarse en ingresos ordinarios.
La propuesta para vender activos y reducir la deuda significará una reducción permanente en el gasto por intereses, lo que permitirá que los ingresos ordinarios (tributarios fundamentalmente y no los provenientes del endeudamiento) de ahora y el futuro se dediquen al financiamiento de la educación, la salud y la seguridad ciudadana.
Vale la pena discutir la segunda frase, con la cual estoy de acuerdo: los servicios mencionados deben financiarse con ingresos ordinarios. Llama la atención que, en torno a la discusión del Proyecto de Garantías Económicas, la fracción del Partido Liberación Nacional y Ottón Solís han argumentado lo contrario. Proponían la posibilidad de que los gastos en educación se financien con endeudamiento, porque constituyen inversión. Sin embargo, hay que mencionar que la propuesta del Partido Liberación Nacional llama a la irresponsabilidad de las generaciones actuales frente a las futuras en materia de educación. En otras palabras, los niños que hoy están en la escuela deberán cancelar en el futuro las deudas que hoy asume el Gobierno para su educación. ¿Es eso lo que queremos?
4.- La insistencia en vender activos para pagar la deuda o para financiar la educación obedece a un enfoque fiscalista, cortoplacista y tiene matices de ocurrencia.
Muchos epítetos. No hay argumentos. Como profesores universitarios, don Ottón y quien escribe estas líneas, hemos explicado a nuestros estudiantes de Economía sobre las falacias en el razonamiento económico y cómo no caer en ellas. Lo mencionado arriba nos ilustra como puede ser un razonamiento falaz: en lugar de argumentar, calificar con epítetos peyorativos una propuesta, un razonamiento o a una persona: "fiscalista", "cortoplacista", "ocurrencia". El ejemplo mencionado, debe indicarnos cómo NO debe ser la discusión sobre privatización o de cualquier otro asunto de interés público
5.- La realidad es que nadie en su sano juicio recomendaría a un agricultor vender las partes rentables de su finca para financiar los gastos normales de su familia o los déficit generados por las partes no rentables (áreas de bosques, jardines, etc.)
Esta metáfora no ilustra correctamente la propuesta del expresidente Arias. Bajo ninguna circunstancia puede considerarse que la educación forma parte de lo no rentable de la finca. La educación tiene una rentabilidad social mayor que la privada. Por este motivo y por razones de equidad, debe participar el Estado en el fomento de la educación básica. Con el ejemplo del agricultor de don Ottón podríamos hasta llegar a recomendar que el Estado cierre las escuelas ("partes no rentables") y ponga fábricas de cigarros y cervezas.
6.- El afán privatizador podría originarse, más bien, en una determinada concepción ideológica sobre el tamaño del Estado. En ese caso, tendríamos que lamentarlo, por cuanto el país no está para resistir poses en este campo.
Dos observaciones a este argumento. Primero, todas las propuestas de política económica tienen un trasfondo ideológico. Es mejor reconocer la existencia de la ideología que suponer que los del frente están contaminados ideológicamente y solo uno está inmune. Segundo, la privatización no necesariamente llevará a un Estado más pequeño: principalmente se trata de reasignar los recursos del Estado de unos usos a otros usos considerados socialmente más rentables. Sin embargo, hay que reconocer que algunos propugnan por la privatización como un medio de reducir el tamaño del Estado. Sus razones tienen y no es un pecado proponerlo
El Ministro de Hacienda y el equipo de Gobierno han planteado un séptimo argumento en contra de la privatización: nos dicen que no es necesario vender activos para atender el problema de la deuda. Nos argumentan que esta se reducirá en proporción al tamaño de la producción si durante diez años se reduce el déficit y la economía crece. Pero los cálculos del Ministro son pura aritmética. No nos dice cuál será el sacrificio en educación y en salud que deberá hacer el país durante diez años para reducir el déficit sin solucionar el peso de la deuda en el gasto público. Se les olvida a los señores del Gobierno que ya no somos sujetos de la caridad internacional como lo fuimos en la década de los ochentas. Esto nos lleva a una conclusión: si el país no resuelve el problema de la deuda va a tener que enfrentar un costo social muy alto, posiblemente más alto que el representado por la privatización.
No obstante, hay que tomar en cuenta también que la privatización implica retos y problemas que enfrentar. No se trata de pasar de monopolios públicos a monopolios privados sin ninguna regulación. Hay que plantear la apertura de los mercados hasta ahora monopolizados por empresas públicas y en los casos donde las empresas privadas actuaran en forma monopólica se debería establecer esquemas de protección al consumidor por medio de la regulación del servicio y del control de los precios. También está el tema de cómo hacer la privatización en forma transparente. En estos temas el país debe estar preparándose para realizar una discusión constructiva sobre privatización.
Entre tanto, en marzo los estudiantes que regresaron a lecciones se encontraron que faltan escuelas, aulas, pupitres, material didáctico y hasta maestros con la preparación requerida... Pero, ¡arriba el guaro y los teléfonos celulares producidos por el Gobierno!
