“No volverá a haber más elecciones”, anunció el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un discurso pronunciado el 19 de julio en Managua. “Jamás, jamás, jamás”. Con estas palabras, Ortega atentó contra un derecho fundamental de un pueblo: el de elegir a su propio gobierno, un derecho consagrado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la cual soy secretario general.
En toda la región, los valores y principios democráticos deben ser defendidos y fortalecidos. Queda mucho por hacer. En Cuba, Venezuela y Nicaragua, no existen las instituciones que garantizan que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes, expresarse libremente y exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder.
Conozco bien el caso de Nicaragua. La OEA ayudó a desmovilizar a los combatientes en la década de 1980, cuando Nicaragua salía del conflicto armado entre el régimen sandinista encabezado por Ortega y la rebelión de los “contra”.
Las misiones de observación electoral de la OEA aportaron credibilidad a procesos que la necesitaban profundamente, entre ellos las históricas elecciones de 1990, que desplazaron del poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega y devolvieron la democracia al país.
Pero, a medida que el autoritarismo fue afianzando su control, especialmente después del regreso de Ortega al poder en 2006, ese espacio democrático se fue cerrando. El aislamiento de Nicaragua respecto de la comunidad interamericana de democracias aumentó hasta culminar con su retiro de la OEA, en 2023.
Las autoridades nacionales pueden decidir abandonar una sala, pero no pueden hacer las maletas y trasladar su país fuera de este hemisferio. La geografía no negocia. Aunque Nicaragua socave la estabilidad regional, sigue formando parte de la comunidad interamericana, lo reconozca o no su gobierno.
Los hechos son contundentes. Las últimas elecciones presidenciales de Nicaragua, celebradas en 2021, tuvieron lugar con siete posibles candidatos de la oposición encarcelados. La legitimidad democrática solo puede surgir de elecciones libres y competitivas, y Nicaragua no ha celebrado ninguna desde entonces.
El régimen ha despojado de su nacionalidad a periodistas y críticos, dejándolos apátridas, mientras obispos han sido enviados al exilio, sacerdotes han sido detenidos y congregaciones han sido prohibidas. El líder indígena Brooklyn Rivera murió bajo custodia pese a las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el régimen de Ortega sencillamente ignoró.
Ahora, Ortega ha ido aún más lejos al afirmar que los nicaragüenses no tendrán la oportunidad de votar en elecciones, sean estas defectuosas o de cualquier otra índole. Semanas antes de ese anuncio, la Asamblea General de la OEA, reunida en Panamá, adoptó una declaración sobre Nicaragua en la que condenó violaciones que, prima facie, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La prohibición electoral anunciada por Ortega poco después de esa declaración puso de manifiesto el desprecio del régimen por los principios sobre los cuales se construyó el Sistema Interamericano. Sin duda, otros gobiernos con tendencias autoritarias están observando atentamente este mensaje antidemocrático.
A aquellos países que han realizado transiciones pacíficas hacia la democracia y se han recuperado de situaciones de crisis, les digo: su ejemplo demuestra que la democracia puede construirse y sostenerse en las Américas, y precisamente por ello vale la pena defenderla con firmeza también en Nicaragua. Y a quienes creen que cancelar las elecciones es simplemente un asunto interno, les digo que no lo es.
Cuando la represión cruza fronteras, como ha ocurrido con nicaragüenses perseguidos por el régimen incluso después de haber huido del país, se convierte en una responsabilidad hemisférica. Esa es la profunda reforma que estoy impulsando: pasar de la fuerza de las palabras a la fuerza de la acción y del cumplimiento. Lograr esa transformación no será fácil, pero el cumplimiento debe promoverse en un espíritu de cooperación y como parte de una comunidad de Estados comprometidos con la democracia y con la protección de los derechos de sus ciudadanos.
El gobierno de Nicaragua podrá creer que puede aislarse de la región retirándose de la OEA. La historia indica lo contrario: la geografía, la migración y las aspiraciones de los ciudadanos nicaragüenses a un futuro democrático vinculan a ese país con el resto de las Américas, lo acepten o no sus autoridades.
La OEA mantendrá la puerta abierta y seguiremos haciendo lo necesario para defender la justa causa de una Nicaragua democrática, hasta que sus ciudadanos puedan volver a elegir su propio futuro.
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Albert R. Ramdin es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Artículo publicado originalmente en ‘The Washington Post’. Reproducido y traducido al español con autorización de ‘The Washington Post’.
