EscucharEl año 2017 se inició con un viaje del presidente de la República y una numerosa comitiva a los Emiratos Árabes, donde esperan obtener recursos y cooperación no reembolsable para la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Otto.
Es obligatorio para un país que presume de defender los derechos humanos revisar a quién solicita el presidente cooperación y el costo-oportunidad que esto implica.
Lo que en principio puede verse como una agenda con una noble causa, no debe impedirnos ver que dicho país está calificado, según informes de Amnistía Internacional 2015-2016 y de Human Rights Watch del 2016, como uno de los ejemplos claros y constantes de violación de los derechos humanos.
En dichos informes se mencionan situaciones y conductas reiteradas de las autoridades gubernamentales emiratíes. Allá restringen la libertad de expresión y detienen y enjuician a quienes critican al gobierno. Se indica, adicionalmente, que las fuerzas de seguridad han sometido a decenas de personas a desaparición forzada. Además, allá se llevan a cabo juicios injustos, encarcelamientos, crímenes atroces contra homosexuales y mujeres (ambos grupos discriminados según la legislación). También se llama la atención sobre otros abusos, como explotación, pena de muerte, condiciones deplorables de trabajo para inmigrantes y propios, por mencionar algunos.
Incompatibilidad. La obligatoria reflexión que corresponde hacer en relación con la propuesta del Gobierno versa sobre la compatibilidad de lo señalado con principios y valores costarricenses y una historia colmada de normas, costumbres y acciones institucionales garantes del disfrute de derechos y libertades fundamentales, que ha puesto la causa de los derechos humanos como uno de los pilares de nuestra política exterior.
Costa Rica se constituyó como uno de los impulsores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue el primer país en ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; también, promovió la iniciativa, en el seno de la Naciones Unidas, para la creación de la figura del alto comisionado de los derechos humanos. Es evidente que han sido numerosos los esfuerzos de Costa Rica para posicionarse como un legítimo defensor de los derechos humanos.
Estos logros y reconocimientos internacionales no pueden dejarse seducir por la utilización de la cooperación internacional como una forma de que países con prácticas contrarias a los derechos humanos se legitimen. Ponderar el lado oscuro de los Emiratos Árabes Unidos permite, con transparencia, hacer un balance de la conveniencia para Costa Rica de recibir fondos de cooperación de tan cuestionados orígenes, permitiendo que seamos coherentes con nuestros principios y valores.
La autora es abogada.
