Aunque no suela ser un tema que figure entre las principales preocupaciones de la población, a menudo las personas desfavorecidas son las más afectadas por las restricciones a la competencia. La falta de competencia no solo resulta en una menor oferta y calidad de los bienes y servicios, sino también en precios más altos. El objetivo de las leyes de competencia es evitar los comportamientos comerciales o individuales que tengan un impacto negativo sobre los consumidores. Por ende, una política de competencia robusta es una herramienta fundamental para los gobiernos, a efectos de que la economía funcione de manera eficiente y en el mejor interés de los consumidores y de las empresas.
¿Cómo favorece a las personas un marco de competencia fuerte? Cuando los consumidores pueden elegir entre diferentes opciones, se benefician de precios más bajos y de poder efectuar una mejor elección. La economía en su conjunto también gana, ya que la capacidad de elegir del consumidor obliga a las empresas a competir entre sí, y esto conduce a más innovación, productividad y crecimiento económico.
Asimismo, la competencia permite a las empresas conocer mejor las preferencias de los consumidores y les proporciona ideas para adaptar sus productos y servicios a la demanda. Y dado que la competencia conduce a un aumento de la producción, en última instancia puede conducir a más y mejores empleos.
Por su parte, restringir la competencia puede perjudicar a muchos ciudadanos y hacer que las ganancias se concentren en manos de unos pocos. Estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que dirijo, muestran que en mercados donde las empresas pueden subir los precios debido a la falta de competencia, por cada dólar extra que se paga, se transfieren 37 centavos del 90 % más pobre al 10 % más rico de la población.
Mejoras. Costa Rica tiene en trámite el proyecto de ley n.° 19.996, que introduce una propuesta para fortalecer sustancialmente la independencia de su autoridad de competencia, Coprocom, además de otras mejoras significativas en el marco legal actual. Estas propuestas de reforma son, en parte, el resultado de dos exámenes de políticas públicas efectuados al régimen de competencia del país en el 2014 y el 2016 por la OCDE.
En estos se identificaron una serie de áreas en las que el régimen de competencia podría mejorarse significativamente, lo que en muchos casos requiere cambios a la ley de competencia actual.
La aplicación de la ley de competencia requiere que el país tenga una agencia de competencia independiente, con total autonomía (presupuestaria, operativa, administrativa y técnica) del Poder Ejecutivo y con el suficiente personal y presupuesto para garantizar la aplicación de la ley. Esta destaca como una de las principales recomendaciones a Costa Rica. Además, dado que muchas prácticas anticompetitivas son de carácter transnacional, la agencia de competencia debe poder cooperar con las autoridades de otras jurisdicciones, compartiendo información y proporcionando asistencia en materia de investigación. Las sanciones deben ser diseñadas de tal forma que disuadan los comportamientos anticompetitivos, haciendo que estos no resulten rentables.
Los consumidores sentirán en sus bolsillos los efectos de una mayor competencia, como demuestran las recientes reformas en mi propio país, México. Desde que México introdujo la competencia en telecomunicaciones en el 2011, el país ha visto caer el precio de los servicios de banda ancha móvil hasta en un 75 % y el porcentaje de población con acceso a Internet de banda ancha aumentó de poco más del 10 % a más del 70 %, lo cual se traduce en un incremento de más de 50 millones de suscriptores; un número superior al total de la población de Colombia.
Tales acciones beneficiaron principalmente a las personas de más escasos recursos, quienes solían gastar hasta el 10 % de sus ingresos mensuales en servicios de telecomunicaciones.
La misión de la OCDE es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Es justamente esto lo que logran las leyes que protegen eficazmente la competencia, por lo que mejorar el régimen actual es fundamental para promover el crecimiento económico y la cohesión social, y que Costa Rica se una al club internacional de “mejores prácticas” en esta materia. La OCDE continuará trabajando estrechamente con las autoridades costarricenses para que así sea.
El autor es secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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