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La discusión sobre el papel de la educación superior pública en el desarrollo nacional no es nueva, pero adquiere una renovada intensidad cuando se pretende reducirla a una lógica meramente utilitarista. Recientes afirmaciones en el marco de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en que se cuestiona la pertinencia de carreras como Antropología frente a la necesidad de fortalecer áreas STEM, obligan a una reflexión serena, pero firme, sobre la naturaleza, misión y responsabilidad histórica de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Nuestra universidad, por mandato constitucional, es una “institución de cultura superior”. Esta definición no es retórica ni ornamental: constituye el fundamento mismo de su existencia. Según su Estatuto Orgánico, la UCR está llamada a contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías, reafirmando su interrelación y aplicándolas al conocimiento de la realidad nacional y global. En esa integralidad radica su fortaleza. Pretender fragmentar el conocimiento o jerarquizarlo en función de criterios coyunturales no solo empobrece la vida universitaria, sino que debilita la capacidad del país para comprenderse a sí mismo y proyectarse hacia el futuro.
La deslegitimación de la Antropología como ciencia, utilizada como ejemplo en este debate, refleja un preocupante retroceso en la concepción misma de universidad. Se trata de una disciplina fundamental para comprender la diversidad cultural, las dinámicas sociales y los procesos históricos que configuran nuestra sociedad.
En un país como Costa Rica, marcado por profundas transformaciones territoriales, migratorias, culturales y económicas, la mirada antropológica resulta indispensable. No se limita al estudio del pasado o de las tradiciones; permite entender los comportamientos humanos, los sistemas de valores, las formas de organización social y las interacciones entre comunidades y entornos. Sin este conocimiento, cualquier intento de desarrollo –incluido el tecnológico– corre el riesgo de ser incompleto, excluyente o, incluso, fallido.
En la actualidad, las ciencias sociales no solo dialogan con las tecnologías, sino que las potencian de manera decisiva. El diseño de soluciones basadas en inteligencia artificial, por ejemplo, exige comprender contextos culturales, sesgos sociales y dinámicas humanas complejas. La economía digital, la innovación social y la transformación productiva demandan profesionales capaces de articular saberes diversos. En este sentido, disciplinas como la Antropología aportan herramientas clave para el diseño centrado en las personas, la gestión de la diversidad y la construcción de políticas públicas más efectivas y sostenibles.
Reconocer el valor de las humanidades y las ciencias sociales no implica desconocer la importancia estratégica de las áreas STEM. Por el contrario, la UCR ha asumido con responsabilidad el desafío de actualizar y diversificar su oferta académica. La reciente decisión de abrir nuevas carreras de licenciatura en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Gestión y Evaluación de Proyectos, previstas para 2027 –a las cuales podrán acceder personas provenientes de diversas áreas del conocimiento–constituye una muestra clara de este compromiso. Estas iniciativas buscan dotar a nuestras personas graduadas de competencias altamente demandadas en el mercado laboral, al tiempo que fortalecen la capacidad del país para insertarse en una economía global basada en el conocimiento.
Sin embargo, esta evolución no puede ni debe construirse a costa de otras áreas del saber. La universidad no es una fábrica de profesionales diseñada exclusivamente para responder a las demandas inmediatas del mercado. Es, ante todo, un espacio de pensamiento crítico, de creación de conocimiento y de formación integral. Su misión trasciende lo instrumental y se inscribe en una visión de largo plazo, orientada al bien común, la equidad y el desarrollo humano.
La autonomía universitaria, consagrada en nuestra Constitución Política, garantiza precisamente esa capacidad de definir, desde criterios académicos y no políticos, la orientación de la docencia, la investigación y la acción social. Cualquier intento de incidir externamente en la definición de la oferta académica no solo vulnera este principio, sino que pone en riesgo la esencia misma de la universidad pública.
Costa Rica necesita más ingenieras e ingenieros, sin duda. Pero también necesita más antropólogos, filósofos, artistas y científicos sociales. Necesita, en definitiva, una universidad completa, capaz de articular saberes, de cuestionar certezas y de construir soluciones integrales a los desafíos de nuestro tiempo.
Reducir la educación superior a una lógica de rentabilidad inmediata sería, en última instancia, renunciar a la posibilidad de un desarrollo verdaderamente sostenible, inclusivo y humano.
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Carlos Araya Leandro es rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
