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La Superintendencia General de Valores rechazó, a mi juicio, valientemente, los recursos presentados por las juntas directivas del Banco de Costa Rica y de su Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI).
Merece reconocimiento, no solo de quienes invertimos en ella, sino también del resto de las entidades del sistema financiero, ya que refuerza la confianza en su estabilidad.
Un pequeño grupo de inversionistas de un fondo de inversión inmobiliario denunciamos, en agosto del 2022, a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) que la SAFI del BCR no cumplió con la normativa vigente en el año 2020 al comprar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
Denunciamos que se había adquirido, por una suma de decenas de millones de dólares, un proyecto a medio construir cuyos contratos de alquiler parecían ser insostenibles debido a la falta de trayectoria y solidez de los inquilinos.
A pesar de que, desde diciembre del 2021, la Auditoría Interna de la SAFI había advertido sobre las irregularidades y señalado a diversas personas de la administración como involucradas, la Junta Directiva de la SAFI las mantuvo en sus funciones y continuó ocultando información y defendiendo el PEP, no obstante sus deficiencias evidentes.
Hasta junio del 2023, por intervención de la Sugeval, la SAFI despidió a varios funcionarios presuntamente involucrados en los hechos.
Esta y otras actuaciones tardías, y numerosas omisiones en el control jurídico, técnico y financiero, hicieron posible que el pésimo negocio del PEP siguiera costando cientos de miles de dólares mensuales al fondo, en perjuicio de los inversionistas.
Ahora, la Sugeval, gracias a un criterio de la Procuraduría General de la República, de setiembre, resolvió, conforme al artículo 73 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que la SAFI es solidariamente responsable por las actuaciones irregulares mencionadas y que, en consecuencia, debe sacar el PEP del fondo de inversión inmobiliario y compensar los costos que haya generado desde la compra.
La SAFI no puede decir, porque la ley es clara, que no es responsable por las actuaciones contrarias a las normas en que incurrieron los responsables de la sociedad; aceptar esta tesis conduciría a la impunidad de los administradores de este tipo de sociedades y a la posible desaparición de esta industria.
No obstante, el problema va mucho más allá. Conforme al criterio de la Procuraduría, la Sugeval ha dispuesto que, si la SAFI no tiene capacidad para compensar a los inversionistas por sus actuaciones, el BCR, su dueño, debe asumir esa obligación.
No faltarán quienes digan que no se deben destinar “fondos públicos” para compensar un fondo “privado”, pero esta falacia no se sostiene.
Primero, porque, por administrar fondos públicos, el BCR debió ser diligente en la supervisión y el control de la SAFI que le pertenece, máxime que la mayoría de los directivos del BCR lo eran también de la SAFI.
Segundo, porque esos “inversionistas privados” son, mayoritariamente, fondos de pensiones en los que participa gran parte de la población, asociaciones solidaristas y otras organizaciones que representan a miembros de la sociedad.
Tercero, porque los cientos de inversionistas individuales afectados son, en su mayor parte, personas adultas mayores que invirtieron sus ahorros de toda una vida en una entidad respaldada por el BCR, pensando que colocaban sus recursos en una entidad confiable.
Lo menos que puede hacer el BCR es asumir su responsabilidad conforme a la ley y los criterios vinculantes de la Procuraduría.
Ante la confianza perdida, que afecta no solo a la SAFI del BCR, sino al sistema financiero en general, la Sugeval dio pasos en la dirección correcta y demuestra que las entidades de supervisión no están pintadas en la pared.
Fernando Mayorga Castro es inversionista en el BCR SAFI.
