La Ley N.° 8839, del 24 de junio de 2010, crea un nuevo orden para la adecuada gestión de los residuos. Esta ley urgía para el país de cara al desorden normativo y la carencia de políticas ambientales en la materia. La gestión de los residuos implica grandes desafíos a nivel político, social y económico, pues se deben implementar programas de educación ambiental, crear una conciencia ciudadana y cumplir con la normativa internacional (por ejemplo, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación).
Hay una gran realidad, que la propia doctrina ha denominado como la reacción nimby (not in my back yard reaction): nadie quiere tener residuos en su propio lugar y, sin embargo, se generan. Nadie desea tener cerca una instalación para el tratamiento de residuos, mucho menos si se trata de desechos peligrosos, lo que ha implicado el rechazo de instalaciones de gestión, bajo el término niaby (not in any back yard). Sin embargo, los residuos deben ser tratados en su fuente, bajo el principio de prevención.
Los países que se han preocupado por la gestión de residuos han ideado nuevas tecnologías que implican un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, menos producción de residuos, programas de reciclado y aprovechamiento de los residuos, pues, contrario a los que algunos piensan, la gestión de los residuos no es un proceso cíclico, sino lineal.
Cobro del servicio. A todo esto, hay un asunto en concreto, económico y de política tributaria, de suma importancia para la adecuada gestión de los residuos por parte de los entes locales. Se trata del cobro por el servicio de gestión de los residuos a los habitantes del cantón, como parte de la tributación ambiental para la obtención de un fin extra fiscal: preservar y mejorar el medioambiente. Esto forma parte de la reforma fiscal verde, a través de los así llamados tributos ecológicos, cuyos orígenes se ubican en los países nórdicos en la década del 90.
El asunto en concreto. El artículo 58, inciso a), de la ley N.° 8839, modificó el artículo 74 del Código Municipal. En lo que interesa sobre los residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a que establezcan el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad del cantón, siempre que incluya los costos, las inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y que se cumplan las obligaciones establecidas en dicha ley, más un 10% de utilidad para su desarrollo. Tienen la facultad de establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen de forma adecuada los residuos ordinarios.
Es así que las municipalidades tienen una gran obligación en lo que se refiere a la gestión de los residuos, así como en la reducción de la generación de estos en su origen. De igual forma, los generadores de residuos tienen su obligación: deben pagar por tal gestión, pues esto es parte de cumplir con el principio de que quien contamina paga.
Se trata, en fin, de prestar servicios de calidad en el municipio por la gestión de residuos, según los costos del servicio y la propia realidad del cantón, bajo una política de solidaridad y de justicia ambiental.
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