
La sociedad costarricense se encuentra ante un proceso de fragmentación y diversidad de sus opciones políticas, un fenómeno que afecta la confianza que el país ha tenido en su institucionalidad, que quizá ha llegado a un nivel inversamente proporcional a la magnitud de los problemas que nos agobian. La democracia, como expresión máxima de nuestra vida política, se proyecta como insensible o no receptiva a las circunstancias y percepciones de los gobernados.
En teoría, los ciudadanos en democracia y con un sistema de libertades, acceden a múltiples fuentes de información que les permiten tener experiencias comunicativas comunes y análogas. El acceso a un espectro más amplio de pensamientos podría facilitar a las personas reelaborar y redefinir valores, creencias e identidades y otros aspectos de la realidad antes no considerados, lo cual les permitiría construir una opinión pública racional. Vale recordar a Manuel Castells, quien ha dicho que “… la batalla más importante que hoy se libra en la sociedad es la batalla por la opinión pública”.
¿Desdemocratización o cambio?
La democracia legítima obliga a erradicar el uso recurrente de estrategias que apelan al temor, la incertidumbre y la descalificación, para eludir el debate de fondo sobre propuestas reales y concretas. Así operan los mesianismos enemigos de los partidos políticos “tradicionales”, de los medios de comunicación y de cualquier persona que opine contrariamente a su pensamiento. El mesianismo es un embrión del autoritarismo, inicialmente “light”, para luego ser absoluto.
A pesar del desencanto profundo de la ciudadanía, es necesario deshilachar la compleja ecuación del ejercicio del poder público y frenar las agresivas y crecientes tendencias de la desdemocratización, un concepto que refleja “… el proceso de deterioro del contenido democrático en un sistema político”, como afirma Charles Tilly.
La democracia, como sistema político, admite interpretaciones coyunturales que demandan entender las aspiraciones de las sociedades modernas, descartando el límite de la inmediatez.
El desafío es aceptar que lo público, ante todo, implica la construcción de la identidad, la pertenencia y la confianza. Una sociedad democrática sostenible es aquella que entiende la indignación popular y rechaza la tesis fundada en la presunción de que un interés es superior a los demás. Estos elementos básicos nos defienden del dogmatismo y de su expresión más chabacana, el populismo.
El pluralismo democrático debe contribuir a crear, desde la prospectiva, una visión integral sobre los asuntos importantes y estratégicos, en contraposición al activismo político que suele difuminarse en lo urgente y lo inmediato.
Debemos impulsar el surgimiento de una nueva generación de interlocutores políticos y actores sociales que aborden la institucionalidad, los valores y las prácticas de la democracia desde el concepto de la innovación transformativa de la Administración Pública, y generen los cambios fundamentales a nivel sociotécnico, redireccionados hacia la sostenibilidad.
Es inaplazable promover una transformación del sistema de partidos políticos: generación constante de pensamiento y no solo de ofertas programáticas para campañas electorales; ejercicio constante de formación política democrática; financiamiento y rendición de cuentas transparentes.
Descartemos el temor de restringir los requisitos para la formación de partidos políticos, con el pretexto de no incurrir en una conducta inconstitucional. Lo que hoy tenemos es un esquema de uberización de la oferta de agrupaciones exclusivamente para efectos electorales.
Estas medidas contribuirían también a fortalecer un liderazgo legislativo ético como herramienta para fomentar la transparencia y una efectiva gestión del conocimiento, mediante una poderosa dinámica de estudios sobre el futuro y la prospectiva con sus premisas fundamentales: el impacto, la predictibilidad y la disciplina de la anticipación.
Por tanto, debemos estar bien informados de lo que nos ofrecen las agrupaciones partidarias al votar este 1.° de febrero, o en el próximo abril, porque la transformación de Costa Rica debe ser nuestra preocupación más importante.
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Luis Alberto Cordero Arias es abogado.