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La natación es una disciplina hermosa, positiva y profundamente enriquecedora. Ha existido, existe y seguirá existiendo como una práctica que promueve la salud, la recreación, la cultura, la competencia y el alto rendimiento.
En todos sus niveles, exige una relación estrecha entre entrenadores y atletas, una relación que, por su naturaleza, implica una correcta y clara asimetría de poder para obtener los mejores resultados. Esta diferencia debe ser manejada con absoluto profesionalismo, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Cuando el vínculo entre entrenador y atleta se basa en la confianza, la disciplina y el acompañamiento emocional, puede convertirse en terreno fértil para el abuso si no se respetan los límites éticos y legales. Las relaciones impropias –especialmente aquellas de carácter sexual, psicológico o coercitivo– representan una grave violación de los derechos de los atletas y del espíritu deportivo.
En la natación, donde los entrenamientos son intensos y prolongados, y donde los atletas suelen iniciar su carrera desde edades tempranas, la figura del entrenador puede adquirir un rol casi parental. Esta dinámica puede derivar en conductas abusivas como relaciones sexuales con menores o atletas bajo tutela, acoso psicológico o emocional, presión para mantener silencio o complicidad, y manipulación de la autoestima y la motivación.
Estas conductas no solo violan la ética profesional, sino que también constituyen delitos penales en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, el entrenador Rick Curl fue condenado a siete años de prisión por abuso sexual continuado contra una nadadora menor de edad. Su club fue expulsado de USA Swimming y se implementaron reformas en los protocolos de protección infantil. Andy King, entrenador en California, fue condenado en 2010 a 40 años de prisión por abusar de múltiples nadadoras adolescentes, una de ellas de solo 14 años. Mitch Ivey, entrenador olímpico, fue expulsado de por vida por USA Swimming tras acusaciones de relaciones sexuales con nadadoras adolescentes en los años 80 y 90. En 2018, Kelly Robertson, entrenador de clavados, fue arrestado por abuso sexual de una menor en Indiana. En Australia, el caso de Scott Volkers también generó repercusiones: aunque no fue condenado penalmente, fue inhabilitado para entrenar y excluido de funciones oficiales tras ser acusado de abuso sexual a varias nadadoras.
El daño psicológico que sufren los atletas víctimas de relaciones impropias es profundo y multifacético. No tiene nada de glamoroso. Las secuelas incluyen ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, y en casos graves, síndrome de estrés postraumático. También se altera la identidad deportiva, se pierde la confianza propia y en el entorno, y muchos atletas abandonan el deporte por trauma o desmotivación.
En Costa Rica, aunque la natación es, en su enorme mayoría, una actividad altamente positiva, no se pueden ignorar los secretos a voces que se escuchan en varios deportes. La Federación de Deportes Acuáticos, Natación Belén y otros equipos han implementado desde 2018 en sus estatutos diversas medidas contra las relaciones impropias, pues hay personas que no merecen ser llamadas entrenadores.
Esta semana, los medios de comunicación dieron espacio a denuncias valerosas que exatletas han decidido hacer públicas, después de muchos años de silencio motivado por las secuelas de agresión sexual sufridas en su juventud. La exnadadora Marcela Cuesta, quien participó en las Olimpiadas de 1988, denunció haber vivido abuso sexual, físico y psicológico. La medallista olímpica Claudia Poll Arhens reveló que sufrió todo tipo de agresiones. El exnadador Manuel Rojas relató episodios de abuso y acoso psicológico y físico que lo llevaron a ser separado del equipo al que pertenecía.
A ellas y a él, nuestro más profundo agradecimiento por su valentía. Superar las barreras psicológicas que perpetúan el silencio es un acto de enorme coraje y de humanidad para con las y los atletas menores de edad.
Quizá algunos de estos hechos se consideren prescritos por las leguleyadas de nuestra legislación, pero levantar la voz es un acto de justicia moral. Las dirigencias deportivas deben asumir su responsabilidad y no permitir que depredadores –generalmente hombres– permanezcan en sus equipos bajo el amparo del miedo, el silencio o la amenaza de demandas.
Gracias, Claudia. Gracias, Marcela. Gracias, Manuel. Su testimonio es un faro para la protección de futuras generaciones de atletas. Que este momento no sea solo una denuncia, sino el inicio de una transformación ética en el deporte costarricense.
angelherreraulloa@yahoo.com
Ángel Herrera Ulloa es presidente de la Asociación Belemita de Natación.
