EscucharBERLÍN – Estamos presenciando cambios profundos en la forma en que funciona la economía mundial. A consecuencia del ritmo y la intensidad, cada vez mayores, de la mundialización y la digitalización, cada vez más procesos económicos tienen una dimensión internacional, y un número cada vez mayor de empresas están adaptando sus estructuras a los sistemas jurídicos nacionales y extranjeros, y a las legislaciones tributarias.
Gracias a los avances técnicos de la economía digital, las empresas pueden prestar sus servicios en los mercados sin tener que estar físicamente presentes en ellos.
Al mismo tiempo, las fuentes de ingresos han pasado a ser más móviles. Cada vez se centra más la atención en los activos intangibles y en los ingresos resultantes de inversiones móviles, que se pueden “optimar” fácilmente desde el punto de vista tributario y transferirse al extranjero.
La legislación tributaria no ha seguido el paso de esas novedades. La mayoría de los principios de la asignación tributaria que se aplican hoy se remontan a una época en la que hacer negocios internacionalmente significaba, sobre todo, transportar bienes a un país vecino cruzando una frontera, pero las normas que se concibieron para ello en los decenios de 1920 y 1930 ya no son idóneas para la integración internacional actual de los procesos económicos y las estructuras empresariales. Se debe adaptarlas a la realidad económica de los servicios digitales.
A falta de normas fiables, los Estados están perdiendo ingresos que necesitan urgentemente para cumplir con sus cometidos. Al mismo tiempo, la cuestión de la fiscalidad justa está resultando cada vez más urgente, pues el número de contribuyentes que hacen una contribución a la financiación de los bienes y servicios públicos está disminuyendo.
Las tensiones resultantes entre la soberanía fiscal nacional y el ámbito transfronterizo de las actividades de negocios actuales solo se pueden resolver mediante el diálogo internacional y unas normas mundiales uniformes. Dentro de la Unión Europea (UE), permitir a grupos de Estados que sigan adelante con soluciones conjuntas para cuestiones que solo se pueden abordar multilateralmente ha dado buenos resultados en el pasado. Si semejantes medidas dan buenos resultados, otros Estados se unirán.
Ese planteamiento puede servir también de modelo de gestión mundial para resolver problemas internacionales. En el mundo actual, ni siquiera los Estados grandes pueden establecer marcos internacionales ni imponer su cumplimiento por sí solos.
Los grupos de países pueden hacerlo todavía: se ha demostrado en el marco de la reglamentación de los mercados financieros, está empezando a quedar claro respecto del marco reglamentador de la economía digital y, ahora, se está confirmando en el sector de la tributación.
Esta semana, se ha celebrado en Berlín la VII reunión del Foro Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales, a la que han asistido representantes de 122 países y jurisdicciones, además de la UE. El miércoles, se firmó un acuerdo conjunto sobre el intercambio automático de información relativa a cuentas financieras.
El acuerdo conjunto fue originalmente una iniciativa de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y España. Unos 50 países que fueron los primeros en adoptarlo decidieron participar, mientras que otros países han indicado su disposición a adherirse.
Dicho acuerdo se basa en la norma común para la presentación de informes, formulada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Conforme a ella, las autoridades tributarias reciben información de bancos y otros prestadores de servicios financieros, y la comparten automáticamente con las autoridades tributarias de otros países. En el futuro, prácticamente toda la información relacionada con una cuenta bancaria será comunicada a las autoridades del país de su titular, incluidos el nombre del titular, el saldo, el interés y los ingresos en concepto de dividendos y plusvalías.
Se han adoptado diversas medidas para velar por que los bancos puedan identificar al beneficiario final y notificarlo a las autoridades tributarias pertinentes. Así, pues, la norma común de presentación de informes amplía el ámbito de aplicación de la cooperación transfronteriza mundial entre las autoridades tributarias nacionales. De ese modo, podemos establecer un marco reglamentador para la era de la mundialización.
El intercambio automático de información es una reacción pragmática y eficaz ante la patente falta de gobernación mundial en materia de asuntos tributarios internacionales. Al hacer más justa la tributación, los Gobiernos propiciarán mejor la aceptación por parte de los ciudadanos de sus regímenes tributarios.
Ese gran éxito en la lucha contra la evasión fiscal internacional habría sido impensable hace tan solo unos años. Ahora es importante dar continuidad a las medidas de la OCDE y del G-20 en el sector de la fiscalidad de las empresas. Tenemos que velar por que la planificación tributaria creativa, en forma de desvío de beneficios y la reducción artificial de beneficios, deje de ser un modelo de negocio lucrativo.
Una política tributaria encaminada a empobrecer al vecino, por la cual un país aplica políticas tributarias a expensas de otros, es tan peligrosa como las políticas monetarias encaminadas al mismo fin y basadas en la devaluación competitiva de la divisa. Su consecuencia son unas asignaciones inadecuadas y, en última instancia, la reducción de la prosperidad en todo el mundo.
Esa es la razón por la que debemos acordar unas normas internacionales uniformes, a fin de lograr una competencia tributaria internacional justa. Los avances logrados en Berlín, en materia de intercambio automático de información fiscal, muestran que, mediante la colaboración, podemos hacer realidad dicho objetivo.
Wolfgang Schäuble es el ministro federal de Hacienda de Alemania. © Project Syndicate.
