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En Costa Rica, hemos reducido la democracia a votar cada dos o cuatro años. Ese momento cívico es valioso, pero insuficiente. Una democracia sana no se agota en las urnas: exige participación ciudadana constante, rendición de cuentas y un escrutinio responsable sobre quienes nos representan.
Con esa convicción, en Primera Línea hemos impulsado el Observatorio de Datos, un esfuerzo independiente para recopilar, depurar y abrir información pública que en la práctica ha estado fuera del alcance de la ciudadanía. El proceso no es sencillo: la mayoría de instituciones carece de plataformas de datos abiertos y, en muchos casos, entregar información confiable requiere meses de idas y vueltas para corregir y limpiar los datos.
Finalmente, se procesan y se presentan a la ciudadanía. Con esta iniciativa, pretendemos ayudar a elevar el nivel del debate nacional.
Nuestro sexto estudio se centra en la Asamblea Legislativa y responde a una pregunta básica: ¿cómo se comporta nuestro diputado promedio? El ejercicio no busca señalar a individuos, sino mostrar tendencias que ayuden a repensar la función legislativa y exigir transparencia y rendición de cuentas. Entre los hallazgos destacan:
- Cada diputado ha gastado, en promedio, ¢9,3 millones en viáticos (gasolina y giras) entre mayo de 2022 y junio de 2025, aunque algunos superan esa cifra ampliamente, llegando hasta el doble: ¢18 millones.
- Mientras la mayoría realiza cuatro viajes internacionales en el periodo, hay quienes multiplican por cinco esa frecuencia.
- Los legisladores han pasado, en promedio, 37 días de viaje, pero algunos acumulan hasta 150 días fuera del país.
Estos datos no son un ataque: son una radiografía que permite cuestionarnos si el dinero público se traduce en resultados tangibles para Costa Rica. Gastar no es malo en sí mismo, pero gastar sin demostrar impacto sí lo es.
El rol que debería tener la Asamblea
La Constitución establece que el Congreso debe representar, legislar, fiscalizar, aprobar presupuestos y realizar nombramientos clave. Sin embargo, la práctica dista de ese ideal.
Se priorizan proyectos irrelevantes o “chayotes”, se reparten puestos entre allegados y se legisla sin claridad sobre financiamiento o aplicación. En un país ya sobrerregulado, medir la labor legislativa por la cantidad de proyectos presentados no solo es inútil: es peligroso.
El problema no radica en la falta de leyes, sino en la calidad de estas y en la capacidad de supervisar que el Estado funcione con eficiencia. Para lograrlo, se requieren partidos políticos responsables, capaces de formar liderazgos con visión país, y no simples agencias de repartición de puestos.
Hacia un cambio necesario
La Asamblea podría y debería ser motor de transformación nacional. Eso implica digitalizar procesos, transparentar la información, reducir la burocracia innecesaria y alinear la agenda legislativa con los problemas reales del país. Significa, también, tomar decisiones impopulares, incluso legislar contra intereses propios, como señal de que el cargo se ejerce para servir a Costa Rica y no para servirse de ella.
En Primera Línea creemos que recuperar el respeto por la función legislativa pasa por devolverle honestidad, eficacia y patriotismo. Nuestro estudio es un aporte en esa dirección: una invitación a que la indignación se convierta en acción ciudadana y en presión para que los partidos respondan con líderes preparados, éticos y comprometidos.
La información completa del Observatorio de Datos está disponible de manera gratuita y abierta bajo licencia CC BY, porque solo con transparencia y participación activa podremos romper la espiral de mediocridad y construir una política que realmente funcione para el país.
tewar93@gmail.com
Walter Montes es director de Ingeniería de Software y cofundador de Primera Línea.
