¿Quién les va a explicar el país a los que tienen 17 años?

En algún colegio de Costa Rica, en este preciso momento, una estudiante de 17 años se está formando una idea de su país sin haber abierto nunca un periódico. No es vagancia ni desinterés: es, simplemente, que nadie le ha dado una razón para hacerlo.

Su información llega fragmentada, en 15 segundos, mezclada sin etiqueta entre un dato verificado, una opinión disfrazada de noticia y un meme que se burla de algún ministro. Si alguien le preguntara quién audita el gasto público, quién decide qué leyes se discuten en la Asamblea o por qué cayó la calificación de libertad de prensa del país, probablemente no lo sabría. Y la pregunta que debería inquietarnos no es por qué ella no lo sabe, sino quién se va a encargar de explicárselo.

Esa pregunta importa hoy más que en otros momentos, porque el terreno sobre el que se construye esa explicación –el periodismo independiente– ha estado bajo asedio. Costa Rica lo está viviendo en cifras, no solo en sensaciones.

El Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, publicado este 2026, ubica a Costa Rica en el puesto 38 a nivel global. No es un dato aislado: en 2022 estábamos en el puesto 8. La caída ha sido sostenida, año tras año, sin pausa: al 23 en 2023, al 26 en 2024, al 36 en 2025 y ahora al 38.

Veintiocho posiciones perdidas en cuatro años no son una anécdota estadística. Son la fotografía de un deterioro institucional que el propio informe atribuye, sin ambigüedades, a una línea de confrontación sostenida del Poder Ejecutivo con los medios y periodistas críticos, manifestada en ataques verbales recurrentes, restricciones al acceso a la información pública y un uso discrecional de la publicidad estatal como herramienta de presión económica sobre las empresas periodísticas.

Quienes seguimos de cerca las conferencias de prensa de los últimos años los recordamos bien: medios calificados de “canallas”, periodistas llamados “sicarios políticos” o “malditos”, y la insinuación recurrente de que la prensa crítica responde a intereses oscuros y no al ejercicio de su oficio.

No se trata de un estilo brusco de comunicar. Es una estrategia deliberada de deslegitimación que busca, ante todo, sembrar en la ciudadanía la idea de que no vale la pena creerle a quien informa, sino solo a quien gobierna. Y esa semilla, una vez plantada, no necesita más riego: crece sola, alimentada por el algoritmo, por la fatiga informativa y por la polarización. Una semilla que germina con especial facilidad en una mente de 17 años, todavía sin las defensas para distinguir el ruido de la información.

Hoy el país atraviesa un cambio de gobierno, y es tentador pensar que, con una nueva inquilina en Zapote, el problema se resuelve por sí solo. Sería un error. Lo que se ha erosionado no es la simpatía de un mandatario hacia la prensa; es la normalidad institucional con la que se trataba el acceso a la información pública, la costumbre de responder preguntas incómodas en lugar de evadirlas, y la idea, antes casi un consenso nacional, de que un periodismo robusto no es un enemigo de la democracia, sino una de sus condiciones de existencia.

Esa normalidad no se recupera con un decreto ni con una sola administración bien intencionada. Se reconstruye con vigilancia ciudadana sostenida, exigiendo transparencia a cualquier gobierno, sea del color que sea, y entendiendo que el derecho a la información no es un favor que el poder concede, sino una obligación que la Constitución le impone.

Pero hay una segunda batalla, quizá más decisiva que la primera, y es la que se libra por la atención de las nuevas generaciones. De poco sirve ganar la discusión jurídica sobre el acceso a la información pública si, mientras tanto, perdemos a una generación completa que se informa –cuando se informa– a través de fragmentos de 15 segundos, sin verificar la fuente, sin distinguir entre un medio con estándares editoriales y una cuenta anónima que monetiza la indignación. Esa generación no desprecia la verdad; simplemente, no ha tenido quien le enseñe a reconocerla en medio del ruido.

Despertar esa alerta en los más jóvenes no se logra con sermones sobre la importancia institucional de la prensa, un argumento que a ellos, comprensiblemente, les suena lejano. Se logra mostrándoles las consecuencias concretas: que sin periodismo independiente, nadie habría sabido de ciertas irregularidades en contrataciones públicas; que sin preguntas incómodas en una conferencia de prensa, el poder simplemente no rinde cuentas; que la diferencia entre un dato verificado y un rumor viral puede determinar a quién le creen y, en última instancia, por quién votan.

Se logra también yendo a donde ellos están –no esperando que lleguen al medio, sino llevando el rigor periodístico a los formatos que consumen– y, sobre todo, devolviéndole transparencia al propio oficio: mostrando cómo se verifica una fuente, por qué se corrige un error, qué distingue a una redacción de una granja de troles. La confianza no se reclama, se demuestra.

La educación tiene aquí una responsabilidad que no puede seguir postergando. Costa Rica enseña historia, enseña cívica, pero apenas empieza a enseñar alfabetización mediática como una destreza tan básica como leer o sumar. En un país donde cada estudiante de secundaria tiene un teléfono con acceso a más información (y a más desinformación) que la que tuvo cualquier generación anterior, no dotarlo de herramientas para discernir es dejarlo desarmado frente a quienes sí saben exactamente cómo manipular su atención.

El periodismo que nos merecemos no es el que halaga al poder ni el que vive de la indignación fácil. Es el que pregunta lo incómodo aunque le cueste publicidad oficial, el que verifica antes de publicar, el que admite sus errores y el que entiende que su lector más importante quizá todavía esté en un aula de colegio, decidiendo, en este momento, si vale la pena prestarle atención a lo que pasa en su país.

A esa estudiante de 17 años, alguien tiene que explicarle el país: no con sermones, sino con un periodismo que merezca su atención. Defender ese periodismo –exigirle a los medios y exigir, al mismo tiempo, que el poder deje de tratarlo como enemigo– no es solo una tarea de los periodistas. Es, en el sentido más literal, una tarea cívica de todos los que todavía creemos que una democracia informada es mejor que una democracia entretenida.

jpferrari68@gmail.com

Juan Pablo Ferrari S. es periodista y consultor.