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El 3 de enero no es una fecha cualquiera en la historia del continente. En 1990 marcó la captura de Manuel Noriega en Panamá y en 2026 volvió a resonar con la detención de Nicolás Maduro, tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela.
Dos momentos, dos dictaduras y una misma pregunta atraviesan América Latina: ¿puede la fuerza abrir el camino para reconstruir el derecho cuando este ha sido destruido por el propio poder?
Panamá fue un antecedente inevitable. La operación que puso fin al régimen de Noriega violó normas esenciales del derecho internacional, pero también cerró un ciclo de criminalidad estatal que mantenía secuestradas las instituciones.
El país que emergió después no fue perfecto, pero recuperó libertades públicas y vida política sin miedo estructural. La lección fue incómoda: la salida del dictador no garantiza justicia, pero abre la posibilidad de luchar por ella.
Venezuela se encuentra hoy ante ese mismo umbral. La captura de Maduro reactivó el debate global sobre soberanía, legalidad y uso de la fuerza, y pone a prueba el multilateralismo, tensionado entre la legalidad formal y la protección efectiva de los derechos humanos.
La dimensión más profunda de esta historia no está en los mapas militares, sino en la vida de millones de personas. La diáspora venezolana se extendió por América y Europa: familias separadas, padres que han debido enviar a sus hijos fuera del país, comunidades reconstruidas lejos de casa. La migración no fue una elección, sino una huida.
En diciembre de 2013, tomé en Caracas una fotografía que hoy pesa como símbolo: una pancarta con la imagen de Hugo Chávez y la frase “somos la familia que protege”. Vista a la distancia, la consigna revela su ironía: la “protección” prometida derivó en escasez, colapso institucional y la mayor diáspora contemporánea del continente.
Las voces de la diáspora ayudan a entender este momento.
Luis Fernández, abogado exiliado en Panamá, resume: “Es una gran alegría, pero también es imposible describir el sufrimiento vivido. Maduro robó elecciones y esto fue una invasión, pero sin esa fuerza no habríamos tenido ninguna posibilidad real de avance”.
Elizabeth Gómez, abogada y empresaria radicada en Costa Rica, expresa la otra cara: “Hoy renuevo la fe y el anhelo de volver a creer en un país libre, digno y en paz”.
Alejandro G. Motta, consultor político en Madrid, advierte: “El chavismo no desaparece con la salida de Maduro. Sin legitimidad institucional y elecciones, no hay país viable”.
Desde Costa Rica, Germán Rodríguez lo sintetiza: “Esto es histórico, pero nada es gratis en esta vida”.
Henry Kissinger defendió la intervención en Panamá de 1989 con una frase que hoy vuelve a resonar: “La identidad de Estados Unidos es inseparable del compromiso con el avance civilizado de la democracia”. Pero la Historia enseña que el derecho no existe como un ritual vacío: nace para custodiar la dignidad humana y limitar la arbitrariedad del poder. Cuando la ley deja de servir a las personas y se vuelve instrumento de dominación, la legitimidad se reabre como problema histórico.
El tiempo juzgará lo ocurrido. Pero hay una verdad que ya asoma: ningún orden jurídico puede reclamar legitimidad si ha dejado de servir a la vida, la libertad y la dignidad de su pueblo. Que Venezuela encuentre ahora el camino –doloroso pero posible– hacia la reconstrucción de su república.
Esteban Chaverri Jiménez es abogado y estudiante de Historia.
