Escuchar
Hay hechos que deberían unir al país. La captura de uno de los delincuentes más buscados de Costa Rica es uno de ellos. Detrás de un operativo de esa magnitud, hay meses de investigación, inteligencia, coordinación y policías que ponen en riesgo su vida para proteger la nuestra. Lo esperable, al menos en un primer momento, sería reconocer ese trabajo.
Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo. En lugar de celebrar un golpe importante contra el crimen organizado, el debate se trasladó a cuestionar el operativo, sembrar dudas sobre sus resultados y abrir un nuevo frente de confrontación entre instituciones.
Y, entonces, surge una pregunta que va más allá de este caso: ¿qué nos está pasando como país?
No se trata de decir que las instituciones son infalibles. Ninguna lo es. Tampoco, de renunciar al derecho de cuestionar las actuaciones del Estado. En una democracia, el control y la fiscalización son indispensables.
Lo que resulta preocupante es que, cada vez con más frecuencia, pareciera que nos cuesta reconocer un acierto cuando proviene de una institución que no pertenece a nuestro propio ámbito político.
Hay un aspecto que merece especial atención. Se ha puesto en duda información suministrada por el OIJ sobre el resultado del operativo. Si alguien considera que existe un error o una irregularidad, nuestro Estado de derecho ofrece mecanismos para investigarlo.
Pero sembrar sospechas sin presentar evidencia no fortalece la transparencia y debilita la credibilidad de una institución que, durante décadas, se ha ganado el respeto de los costarricenses por su trabajo técnico, científico y profesional.
También conviene recordar algo que a veces olvidamos. Las estrategias para combatir al crimen organizado no pueden discutirse como si fueran un debate político. Quienes enfrentan a las estructuras criminales manejan información sensible, fuentes confidenciales y decisiones tácticas que, por razones evidentes, no siempre pueden hacerse públicas.
Exigir explicaciones generales es legítimo. Pretender conocer o cuestionar públicamente la estrategia operativa puede terminar favoreciendo precisamente a quienes el Estado intenta combatir.
La división de poderes existe para garantizar que cada institución cumpla su papel. El Poder Ejecutivo gobierna, el Poder Judicial investiga y administra justicia, la Asamblea Legislativa fiscaliza. Ese equilibrio ha sido una de las mayores fortalezas de nuestra democracia.
Cuando confundimos esos límites o convertimos cada actuación institucional en una disputa política, el debilitado no es un poder del Estado: es la confianza de los ciudadanos.
Quizá el problema no sea únicamente este operativo. Tal vez el problema sea que estamos perdiendo la capacidad de reconocer el trabajo bien hecho cuando el mérito es de otro. Y una sociedad que deja de reconocer sus aciertos termina debilitando aquello que más necesita proteger.
Al final, la lucha contra el crimen organizado no se gana únicamente con policías valientes o buenas leyes. También se gana con instituciones fuertes, respetadas y respaldadas por una ciudadanía capaz de distinguir entre la crítica responsable y la descalificación permanente.
Esa ha sido, durante décadas, una de las fortalezas de Costa Rica. Ojalá no la perdamos.
----
Ana Virginia Calzada es abogada, exmagistrada de la Sala Constitucional y excandidata presidencial.
