Cientos de artículos de opinión se han escrito y miles de noticias en torno al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desde la huelga anticombo del 2000. Pero ninguno ha sido tan impactante como la nota titulada “Descarbonización cambiará funciones en ICE y Recope” , del 22 de diciembre en la sección “Aldea Global”.
La situación del ICE es crítica, pues su deuda alcanza casi los $ 6.000 millones y la demanda energética ya no crece. Por otro lado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Contraloría General de la República le exigen transparencia contable y adhesión a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
A lo anterior debe agregársele la amplia y dispersa competencia en generación solar cada día mayor, las muy pocas fuentes de financiamiento para futuros proyectos y el requerimiento de una fuerte inversión para construir una red de distribución trifásica secundaria con el fin de alimentar las electrolineras que recargarán en minutos las baterías de los autos eléctricos.
Opacidad. Desde el triunfo del sindicalismo en la huelga anticombo, el ICE ha estado bajo administraciones independientes del gobierno, endeudándose con fideicomisos a corto plazo y gastando en proyectos y publicidad a manos llenas, sin auditorías y sin obstáculos de ninguna índole.
La ley sobre su fortalecimiento se lo ha permitido y la legislación que regula sus tarifas también le ha favorecido para obtener alzas aun cuando fueran tardías. Mientras eso ocurría, la tecnología ha transformado el mundo durante este siglo XXI. La telefonía fija, que tanto nos enorgullecía, murió; las llamadas telefónicas por vía satélite también, y con ellas la muy solidaria telefonía pública de cabinas monederas.
En electricidad, irrumpieron la iluminación led pública de baja potencia, la generación solar distribuida y los electrodomésticos de bajísima potencia. Nuestra economía pasó de ser incipientemente fabril a una de servicios, reduciendo el número de empresas de grandes requerimientos de energía eléctrica.
Lo anterior lo expresa sin tapujos Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, para justificar el cierre del Diquís y para decretar la moratoria, por los próximos cuatro años, en la construcción de nuevas plantas eléctricas.
El ICE debe reestructurarse y cambiar de objetivos y paradigmas si desea sobrevivir en el nuevo entorno tecnológico.
Futuro incierto. No será hasta el 24 de febrero cuando conoceremos cuáles serán las nuevas funciones del ICE de acuerdo con la noticia que ha anticipado la administración Alvarado. Lo que sí sabemos es que el propósito que motivará a los cambios está circunscrito al proyecto presidencial para descarbonizar el país, es decir, para sustituir gradualmente el petróleo y sus derivados por energías limpias, donde la electricidad será la dominante en el mercado de recarga de baterías del auto eléctrico.
Para que esa transición ocurra, es necesario que la energía eléctrica sea más barata que la fósil, para que el ahorro financie, a mediano plazo, el sobrecosto del auto eléctrico. Esta única exigencia de carácter económico bien podría darle el jaque mate financiero al ICE porque la generación solar distribuida promete costar ¢30 el kilovatio hora, contra los más de ¢160 que cobra el ICE.
Los radicales antiaristas dirán que la culpa del colapso financiero del ICE es de Óscar Arias por aprobar el TLC y abrir las telecomunicaciones; agregarán que contribuyó a ello la administración Obregón-Bejarano; y los aperturistas argumentarán que fue la inflexibilidad del ICE para adaptarse al mercado cambiante.
Lo cierto es que para salir de la crisis las opciones son casi nulas.
fibrotel@racsa.co.cr
El autor es ingeniero.
