Hablemos sobre la Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuyo texto promete una “amnistía general y plena” para delitos políticos.
No solo estamos en la obligación de preguntarnos qué pasará con los torturadores, una vez aprobada dicha ley. Estamos en el deber de estimular y participar en un debate que –y esto es fundamental– no puede ser monopolizado por la dictadura, ni tampoco puede esperar a que esta termine de caer, sino que debe producirse desde ahora mismo.
Desde ahora mismo toca denunciar que aprobar una amnistía general y sin trampas no puede significar que se está aprobando un estatuto de impunidad que proteja a los responsables del horror de las torturas. Los operarios del dolor corporal, intelectuales o ejecutantes, deben hacerse cargo de sus responsabilidades.
Es absolutamente inaceptable que se presente la amnistía como un intercambio, como si se trata de grupos equivalentes: un preso político, absolutamente inocente y castigado de forma inclemente, que un día fue secuestrado, desaparecido, encerrado en un lugar nauseabundo, y al que le inventaron unos cargos como incitación al odio o traición a la patria, no es equivalente, no es semejante, no es igual, nunca, al hombre que lo torturó, lo golpeó con saña, le aplicó electricidad en los órganos sexuales, lo insultó, le tiró los alimentos al piso, le gritó que violaría a su esposa o a sus hermanas, durante los días en que se dedicaba a extorsionar a los familiares del preso humillado y salvajemente castigado.
Un preso político no es un ser humano canjeable por su torturador. Punto. Uno es una víctima y el otro es un brutal victimario sin atenuantes.
Aclarado este aspecto fundamental, toca hacer frente a la otra falacia, delineada en la reciente frase de Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, de que la Ley de Amnistía es un paso trascendente en “la superación de viejas heridas”. Falso: no son viejas. Son heridas vivas. Permanecen abiertas y queman.
El viernes 6 de febrero, cuando escribo este artículo, todavía hay más de 700 presos políticos que permanecen encerrados, en las horas en que están apareciendo centros de tortura que permanecían ocultos, en los que están detenidas personas cuyas familias no se habían atrevido ni siquiera a denunciar los casos.
¿Qué significa esto? Que ni siquiera la sociedad venezolana dispone hoy de una contabilidad básica y confiable de cuántos presos hay todavía, ni mucho menos cuántos lo han sido a lo largo de 27 años.
Un paso imprescindible es la reconstrucción de la información, lo ocurrido a lo largo de casi tres décadas, desde los tiempos en que un soldado murió por extenuación, después de unos brutales ejercicios físicos, o el de los dos soldados calcinados con un lanzallamas en Fuerte Mara, en 2004.
Pero –y aquí llego a un punto primordial– esa reconstrucción informativa no puede limitarse a las víctimas (los presos políticos, sus familiares y sus abogados), sino que debe incluir a los torturadores.
La Ley de Amnistía no puede servir para ocultar, borrar, desaparecer la identidad de los torturadores. Al contrario, las identidades y las responsabilidades de los funcionarios deben estar a disposición de cualquier ciudadano interesado en esta cuestión, ineludiblemente vital como requisito para iniciar una nueva etapa de libertades y democracia en Venezuela.
Hay que develar, poner a disposición de los ciudadanos venezolanos, la estructura, los integrantes y las funciones del sistema de torturas venezolano, constituido por los que daban las órdenes de secuestro y desaparición; por los esbirros que cazaban a los inocentes (y robaban los hogares durante los procedimientos); por los jueces que abrieron causas y dictaron sentencias infundadas y brutales; por los fiscales que inventaron causas inexistentes o que escogieron el silencio ante hechos aborrecibles; por los carceleros que maltrataron y golpearon a los presos o que extorsionaron y abusaron de los familiares, especialmente de madres, esposas, hermanas e hijas; por las autoridades civiles o militares que autorizaron estos crímenes o los justificaron o los toleraron o los organizaron; a los que concibieron y desarrollaron el sistema de torturas y les asignaron presupuestos y felicitaron a los torturadores por la eficacia de sus castigos. Todos estos constituyen el sistema de tortura venezolana y, a partir de este momento, deben hacerse cargo de la monstruosa y remunerada actividad a la que se han dedicado por más de 27 años.
El debate que debe producirse, no podría –no debería– estar acotado a abogados y jueces. Los presos políticos y sus familiares; los periodistas, reporteros gráficos y editores que fueron perseguidos por informar; los menores de edad que permanecieron y permanecen detenidos, junto a sus madres y padres; los gremios profesionales, particularmente los de abogados; las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos; las escuelas de Derecho de las universidades públicas y privadas; las escuelas de policías; los centros de formación de las fuerzas militares; las organizaciones políticas; la Iglesia católica; los expertos en procesos semejantes, especialmente en América Latina: todos estos sectores y ciudadanos están llamados a no perder la ocasión, a no dejar pasar la oportunidad, de crear una política para el desmantelamiento del sistema de tortura en Venezuela.
No dejarlo a la improvisación, a las presiones políticas, a la corrupción, mucho menos a la impunidad.
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Miguel Henrique Otero es presidente editor del diario ‘El Nacional’, de Venezuela. Artículo reproducido por acuerdo con el Grupo de Diarios de América (GDA).