EscucharDe acuerdo con la superada doctrina sobre la función del juez, este debía ser la “boca por la que habla la ley”, cuya intervención era solo subsumir la norma jurídica al caso sub judice , sin poder ir más allá de los principios generales del derecho, pues transgredería el propio ordenamiento legal.
Con esa forma de concebir la administración de justicia se pretendía defender la tan discutida independencia judicial y, con ello, paradójicamente, se tiraba por los suelos el birrete y la toga, haciendo del juez su propio verdugo.
Sin embargo, las modernas doctrinas consideran que los jueces, en su función de hacer justicia, deben ser totalmente independientes, tanto externamente (de la manipulación e influencias de los partidos políticos, gobernantes, prensa y cualquier ente ajeno) como internamente (órganos judiciales superiores, cuando estos actúan en funciones administrativas).
Esta independencia significará que el juez, al hacer justicia, decidirá racionalmente la aplicación de la norma jurídica y los principios que le rigen, en procura de encontrar la correcta solución al caso concreto que, según su convicción, le diga que es, además de legal, justa.
Con ello se entenderá que el juez, que no deja de ser humano a pesar de su alta investidura, cuenta con su propio bagaje de ideas, valores, pensamientos, sentimientos, actitudes y aptitudes.
Decir que el juez debe ser imparcial, y que debe limitarse a la aplicación de la ley, es una falacia que llevaría al juez a pensar que la aplica imparcialmente cuando, en el fondo, impone sus propios valores.
Es necesario desarraigarse de ese error y darle al juez absoluta y auténtica independencia, de modo que sus fallos judiciales sean realmente imparciales, consecuentes con un sistema democrático que no le niegue su identidad, intimidad, raciocinio, inteligencia, su perspectiva política del mundo en que actúa. En suma, su condición humana. Eso logrará un juez activo y participante en lo que debe ser su primigenia función de ser sujeto productor del derecho, al interpretarlo constantemente con la realidad circundante.
Es ese juez, quien hace posible que la norma, ley o código que se promulgó hace más de cien años, como nuestro anciano Código Civil de 1886, pueda aún servir en la solución de conflictos como instrumento de los jueces del siglo XXI, por lo que ellos, en sus fallos, serán acordes al régimen democrático al que dan sustento y mantenimiento.
Por ello, depende en mucho que las nuevas generaciones de políticos, gobernantes, jueces, profesores de derecho, prensa y los costarricenses de hoy hagan que el sistema judicial se adentre, cada vez más, en lo que el insigne jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni llamó la dimensión política de un Poder Judicial democrático.
