Costa Rica se encuentra conmemorando este año el septuagésimo quinto aniversario del primer voto emitido por una mujer, lo cual no solo representa un hecho de ostensible valía, sino que también resulta significativo conocer el cúmulo de factores que se concatenaron para dicho evento.

Así, tras los sucesos que propiciaron nuestra Independencia de España en 1821, la elección de nuestro primer jefe de Estado en 1824 acaeció por medio de un voto censitario e indirecto, es decir, limitado a individuos con cierto patrimonio y cuyo ejercicio se diese a través de varias etapas o grados. Esto se mantuvo así hasta 1844, cuando se introdujo el voto directo.

No obstante, ante varios incidentes políticos, el sufragio directo fue derogado en 1847, y se reinstaló el indirecto por el resto de la centuria decimonónica y hasta 1913, cuando se restauró el voto directo. Todo ello se erigió en la antesala de un pionero hecho acontecido una década más tarde.

En efecto, el 12 de octubre de 1923 se fundó la Liga Feminista Costarricense, cuyo acto de creación se dio en el salón principal del Colegio Superior de Señoritas y con la asistencia de don Julio Acosta G., en su calidad de presidente de la República, así como de la doña Elena Gallegos Rosales, quien era oriunda de El Salvador y fungía como primera dama.

Tras el proceso eleccionario interno, las asistentes escogieron a doña Ángela Acuña Braun (1888-1983) como primera presidenta de la entidad, lo cual, además de un distingo certero a su talento y valía en distintas facetas, fue también un reconocimiento a sus pioneros periplos como primera bachiller colegial de nuestra historia (1912) y primera estudiante de la carrera de Derecho (empezó sus estudios en 1913 y se convirtió en la primera abogada del país).

En calidad de vicepresidenta, se eligió a la educadora guatemalteca Esther de Mézerville Osaye (1885-1971) y como secretaria, a la educadora Ana Rosa Chacón (1889-1985).

Fue entonces cuando la Liga Feminista Costarricense emprendió su primera acción: propiciar el voto de la mujer. La idea estuvo precedida por varios antecedentes, pues Nueva Zelanda se había convertido en la primera nación del mundo en otorgar ese derecho (1893), seguido de Finlandia, como primer país europeo (1906), y Estados Unidos, como primero en América (1920). Entretanto, en Costa Rica se habían presentado proyectos en 1890, 1913, 1917 y 1920, los que resultaron infructuosos.

Para 1925, nuestro Congreso aprobó el voto secreto. Y fue ese mismo año cuando la Liga Feminista Costarricense presentó su primer proyecto formal para el voto femenino, pero la propuesta fue rechazada (así como en 1929, 1931, 1932, 1934, 1939, 1940, 1943, 1945 y 1947). Mientras tanto, Ecuador fue el primer país latinoamericano en declararlo (1929) y El Salvador, el primero en Centroamérica (1938).

Por fin, tras casi seis décadas en general y un cuarto de siglo de trabajos de la Liga Feminista Costarricense en particular, la entonces Asamblea Nacional Constituyente aprobó, el 20 de junio de 1949, el voto femenino en Costa Rica, el cual se plasmó en el artículo 90 de la novel Constitución Política de 1949.

Así, tras varios meses y, en un plebiscito para definir si los caseríos de la Tigra y la Fortuna continuaban adscritos al cantón de San Carlos o pasaban a formar parte de San Ramón, Bernarda Vázquez Méndez (1918-2013) votó en dicho proceso el 30 de julio de 1950, erigiéndose en la primera votante costarricense. Este hecho fue seguido, en 1953, por la primera elección nacional en que las costarricenses pudieron sufragar.

Ulteriormente, y por medio de la Ley 9480 de 2018, se declaró el 20 de junio de cada año como “Día nacional del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres costarricenses”, mientras que en 2021 y a través de la Ley 10040 se le concedió el benemeritazgo de la Patria a la Liga Feminista Costarricense. Además, en 2024, la Ley 10452 determinó que cada 30 de julio se celebre como “Día nacional del primer sufragio de las mujeres en Costa Rica”.

Así, en este 2025 se cumplieron los 75 años de tan relevante episodio, que ya es parte consustancial de nuestra respetada y valiosa historia democrática.

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Tomás Federico Arias Castro es profesor de la Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de Costa Rica.