En Costa Rica los programas selectivos de combate a la pobreza representan cerca de 10 por ciento de la inversión social y un 2% del PIB. Su papel ha sido concebido históricamente como complemento de las políticas sociales universales que son las que mayor peso tienen en nuestra política social, tal y como debe ser al tener estas como sustento la premisa fundamental de garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos, sin distingos de ningún tipo, a la protección en materia social, económica y cultural. Esta relación virtuosa de “complementariedad” entre políticas universales y selectivas ha sido la que a la postre le ha permitido al país logros importantes en materia de desarrollo humano y combate a la pobreza a lo largo de su historia.
Los programas selectivos están llamados a atender a aquellos sectores que pese a los esfuerzos de cobertura de las políticas universales, siguen quedando por fuera o requieren de mayores apoyos, debido a las condiciones de alta vulnerabilidad y exclusión social a las que han estado sometidos por años y que se vuelven especialmente críticas en coyunturas bajo crecimiento y crisis económica.
Ejemplos de estos programa selectivos son algunos ya bastante antiguos como los Cen-Cinai, el Programa de Comedores Escolares o el Régimen de Pensiones No Contributivas y los programas de becas a estudiantes y más recientemente el programa de transferencias sociales condicionadas a familias pobres, denominado Avancemos. El decimoquinto Informe del Estado de la Nación realiza un estudio en profundidad de la importancia de estos programas en coyunturas de crisis. Los dos primeros, por ejemplo, resultan claves para la protección del estado nutricional de la infancia, los programas de becas como las de Fonabe y las transferencias de Avancemos, son claves para evitar que la población escolar abandone los estudios por problemas económicos. Finalmente, las pensiones no contributivas fortalecen la situación de sectores especialmente vulnerable que tienen pocas posibilidades de mejorar sus condiciones (vía empleo por ejemplo) como es el caso de los adultos mayores en condición de pobreza. Los datos de la última Encuesta de Hogares ratifican el peso de estos dos últimos programas para paliar el aumento de la pobreza.
La lección más importante. La lección más importante que el país reitera en los últimos años, es la importancia de fortalecer estos programas al mismo tiempo que los programas sociales universales. Esto es muy distinto a la receta que algunos organismos financieros internacionales intentaron pasarnos en los ochenta, en el sentido de fortalecer unos a costa de los otros. En lo reciente, el país supo aprovechar una coyuntura importante de crecimiento económico como la que se dio entre el 2005-2007 con aumentos del PIB por encima del 7% para dedicar parte de esos ingresos a fortalecer la inversión social. Los réditos no se han hecho esperar: en el 2006 se redujo la pobreza al 16% y luego en el contexto de la crisis si bien dicha pobreza empezó de nuevo a aumentar, no fue de manera tan brusca como podíamos esperar. Sobre todo ante una desaceleración económica y un crecimiento del desempleo tan fuerte como la que el país experimento en el 2009, a raíz de la crisis económica mundial. Buena parte de estos resultados se explican por el contrapeso que lograron hacer los programas sociales.
Inversión del Estado. Pero otra lección importante es que de nuevo es claro que la inversión del Estado es condición necesaria, pero no suficiente para atenuar la pobreza y la desigualdad que, por cierto, sigue creciendo. El mercado también tiene que hacer lo suyo y hasta el momento ha venido quedando en deuda con el desarrollo humano. Este tiene que desempeñar un papel clave, especialmente protegiendo el empleo y en la generación de procesos productivos que promuevan empleos nuevos y de calidad. Esto último no siempre ha estado ocurriendo, especialmente en algunas regiones periféricas del país como la Chorotega, Pacífico central y Brunca.
Dos llamadas de atención. El decimoquinto Informe hace dos llamadas de atención adicionales en materia de los programas sociales selectivos. Por un lado, estos deben pasar de una visión reactiva a otra más proactiva . En algunos de ellos ha funcionado la lógica de ver cuánta plata hay para ver cuánta gente se atiende. Cuando lo que se necesita es estimar bien las poblaciones meta y definir una estrategia para alcanzar la cobertura completa en determinado plazo. En esta línea, fortalecer una rectoría para estos programas y una estrategia de combate a la pobreza con visión de largo plazo, es hoy más urgente que nunca. Por otro lado, las políticas selectivas requieren ampliarse con programas de apoyo a los microemprendimientos y proyectos productivos que permitan mejorar el ingreso de sectores informales y pequeños productores agrícolas, cuya exclusión en los últimos años los coloca en una situación especialmente vulnerables ante la crisis. Tampoco hay programas para hogares pobres sin estudiantes, ni adultos mayores que podrían verse muy afectados por el desempleo del jefe o una caída en los ingresos.
Sostenibilidad. Retomando el tema de la complementariedad entre políticas selectivas y universales, es claro que el desafío más importante de todos es garantizar la sostenibilidad de la inversión social como un todo, en especial en un contexto de mayor restricción fiscal como el que se avecina. Este es nuestro verdadero “talón de Aquiles”, porque la única forma de hacerlo es dotando al Estado de recursos frescos y eso, ya sabemos, solo es posible mediante una reforma tributaria. Los partidos políticos tienen acá la palabra. Esto demanda de sus líderes fuertes dosis de realismo, capacidad y disposición para llegar a acuerdos que le permitan al país mantener y ampliar nuestros logros en materia de desarrollo humano en los próximos cincuenta años.