Larga disputa. Esta disputa lleva ya más de dos años, período durante el cual la Iglesia católica solo ha pagado el 4% de un salario mensual de ¢181.000 que, obviamente, no corresponde a la realidad. La Caja considera que la Iglesia católica debe pagar el 26,67% del salario real de los sacerdotes, estimado conservadoramente en cerca de ¢500.000 por mes.
Como siempre lo ha hecho la Iglesia católica, amparada a ese tumor de nuestra Constitución, que debe ser extirpado, y según el cual esta religión es la del Estado, como si este fuera una persona y no un ente legal, ha buscado privilegios en todos los campos posibles, incluso recibiendo muchos millones al año de las exhaustas arcas gubernamentales.
Recuerdo en una ocasión la furia de monseñor Arrieta cuando publiqué en un artículo, en esta misma página, exactamente el sueldo que recibía por… ser arzobispo, ya que no era un empleado público. Entiendo que ese subsidio ya se eliminó, pero todavía la Iglesia recibe muchos millones del Estado, además de no pagar impuestos por el dinero que recibe de varias fuentes, ni por sus valiosas propiedades.
No sé si la situación económica ha variado, pero, en un tiempo no muy lejano, monseñor Arrieta había indicado que las inversiones de la Iglesia rondaban los ¢20.000 millones. Además, ha invertido en acciones de la Cervecería Costa Rica y en el puesto de bolsa Sama, de la cual pasó de ser un cliente a ser codueña. Con tantas inversiones y con tanto dinero, resulta difícil entender por qué rehúsa pagar lo que le corresponde a la Caja, tal como lo hacen todos los costarricenses.
Una vez participé en una mesa redonda por televisión y mi adversario fue nada menos que el canciller de la Curia Metropolitana. La polémica continuó hasta en el Eco Católico , para lo cual él tenía el privilegio de leer mis puntos de vista antes de que fueran publicados, mientras que yo, simple mortal, debía esperar la publicación de sus comentarios para poder contestarlos. En todo caso, en ese intercambio de ideas, resultó claro que la Iglesia católica gozaba de una serie de privilegios que no disfrutaban las otras denominaciones religiosas.
Todos estos problemas hacen ya imprescindible eliminar de la Constitución el anacronismo de que la religión del Estado es la católica, para lo cual no es necesario firmar ningún concordato, pues somos un país independiente y, por lo tanto, podemos decidir lo que nos conviene, sin consultar a nadie y, mucho menos, a una iglesia que ha mostrado siempre su afán de obtener beneficios no para todo el país, sino solo para ellos.
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