
Concentrar la discusión nacional sobre residuos en las tarifas de recolección y disposición final es como negociar con el botero cuánto nos cobra por llevarnos a la otra orilla mientras estamos sentados en un bote lleno de huecos.
Claro que importa cuánto cuesta recoger, transportar y disponer los residuos, pero esa no debería ser la pregunta principal. La pregunta es cuánto podemos reducir lo que necesita llegar a un relleno sanitario.
La Ley 8839 estableció hace 16 años la ruta correcta: evitar, reducir, reutilizar, valorizar y, finalmente, disponer. Sin embargo, seguimos enviando al relleno materiales que podrían tomar otros caminos.
El Ministerio de Salud estima que alrededor del 55% de nuestros residuos ordinarios son orgánicos y un 35%, valorizables. La discusión debería ser entonces sobre metas, plazos, medición, responsables, incentivos y consecuencias. No premiar a la municipalidad que mueve más basura a menor precio, sino a la que logra mover menos.
España muestra la diferencia entre tener principios y tener metas. Su legislación establece alcanzar al menos un 60% de preparación para reutilización y reciclaje de residuos municipales en 2030 y 65% en 2035. Además, para 2030 solo un máximo del 20% debería terminar en vertedero y en 2035, un 10%. Metas con fecha y responsables. Eso es precisamente lo que necesitamos discutir en Costa Rica después de 16 años de la Ley 8839.
La urgencia tampoco debería empujarnos hacia soluciones aparentemente mágicas. La incineración o valorización energética puede tener un espacio para la fracción que realmente no pueda aprovecharse, pero no debería crear un incentivo para alimentar plantas con materiales que pudimos evitar, compostar o reciclar.
Hay además una dimensión económica que solemos olvidar: el empleo. El reciclaje, la reutilización y el compostaje requieren cadenas de recolección, clasificación, reparación y transformación.
Estudios internacionales muestran que avanzar hacia mayores tasas de recuperación puede generar significativamente más puestos de trabajo que un modelo concentrado en disposición. La economía circular no solamente recupera materiales: crea actividad económica alrededor de ellos.
También debemos aprender del mundo, pero desde la realidad del 2026. Los sistemas de depósito y devolución de envases han logrado buenos resultados en Europa, pero fueron concebidos en contextos económicos, sociales y de consumo distintos.
Portugal estrenó este año Volta para envases de plástico y metal y, pocos meses después, Lisboa enfrentó a personas abriendo y vaciando contenedores y bolsas buscando envases con depósito. El alcalde llegó a pedir la suspensión del sistema. En España, RECICLOS, el programa de Ecoembes que incentivaba digitalmente el reciclaje de latas y botellas plásticas, anunció el cierre de su aplicación.
Esto no demuestra que los incentivos sean malos. Demuestra que resolver un material no equivale a resolver un sistema.
Costa Rica no necesita una solución de moda para hacer desaparecer todo lo que mezclamos. Necesita cumplir la lógica que ya estableció: separación en la fuente, rutas diferenciadas, compostaje, valorización y disposición únicamente de aquello que realmente no podamos aprovechar.
El principio de “quien contamina paga” puede llevarse un paso más allá: quien evita contaminar debería recibir un incentivo.
La discusión no es cuánto cuesta mover nuestra basura, sino cuántos residuos queremos dejar de mover, para cuándo y quién será responsable de lograrlo.
Primero, saquemos el agua del bote. Después discutamos cuánto cuesta llegar a la otra orilla.
karlachaves@proximacomunicacion.com
Karla Chaves Brenes es comunicadora estratégica y social, y directora regional de Próxima Comunicación.