EscucharLa corrupción se enseñorea de la Administración Pública y la empresa privada, razón de sobra para que el presidente se haya comprometido con la lucha frontal en procura de erradicar el flagelo, actitud y promesa plasmada en un proyecto enviado recientemente a la Asamblea Legislativa.
Pero discrepo, pues siento que equivale a pagar algo adicional al salario a quien le corresponde, por transparencia y cumplimiento de la función que se le ha confiado, ser garante de que ningún servidor público cometa actos contrarios a la ley y a la Constitución.
Téngase en cuenta que todo servidor público al asumir su cargo, por sencillo que sea, debe rendir juramento de su respeto a la Constitución y las leyes.
Es un compromiso absoluto con la legalidad que rige las actuaciones de los funcionarios, quienes como depositarios de una actividad al servicio del Estado tienen límites que la misma carta magna les impone.
Obviamente, si saben que se están cometiendo actos de corrupción, una de sus obligaciones es denunciar ante quien corresponda, so pena de convertirse en cómplices y, por tanto, hacerse acreedores de una sanción.
¡Nada de reconocimientos adicionales por asumir la responsabilidad que les corresponde como garantes de la corrección de las actuaciones en la Administración Pública!
El deber de denunciar los actos de corrupción está claramente estipulado en el reglamento de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, específicamente, en el artículo 9.
La norma forma parte del bloque de legalidad que debe respetar el servidor público y, por tanto, no debe ser reconocido mediante estipendio adicional.
El Estado, en lugar de “pagar” la denuncia que presenten los servidores públicos, debería incentivar y reconocer alguna contribución valiosa que se haga a la Administración Pública y al país, por ejemplo, financiar la publicación de una tesis de grado brillante, lo cual se constituirá en verdadero aporte a la sociedad y que a la obra se le dé difusión por cuenta del erario.
Otra forma es la concesión de becas, y, como estas, hay muchas otras maneras de reconocer la honradez, que mentes más productivas que la mía son capaces de sugerir como parte de un cúmulo de incentivos para la mejora de la calidad de quienes presten sus servicios al Estado.
Como servidores públicos y también como ciudadanos todos con nuestras acciones debemos cristalizar lo que proclama La patriótica costarricense al referirse a Costa Rica: “La defiendo, la quiero y la adoro...”.
La autora es abogada.
