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En varias plantas potabilizadoras de Costa Rica, como las de Guadalupe o Tres Ríos, se practica la precloración, es decir, la adición de cloro al agua cruda antes de iniciar los procesos convencionales de tratamiento (coagulación, sedimentación, filtración). Esta medida busca reducir la gran carga de bacterias y virus que traen las aguas superficiales, altamente contaminadas por actividades agrícolas, industriales y urbanas.
A primera vista, puede parecer una solución lógica; sin embargo, la evidencia científica demuestra que esta práctica es ineficaz e incluso peligrosa, pues multiplica la formación de sustancias tóxicas que ponen en riesgo la salud de los consumidores.
Esto ocurre porque el cloro reacciona con la materia orgánica natural presente en los ríos (restos de hojas, suelos, desechos agrícolas) y forma trihalometanos (THM), un grupo de compuestos reconocidos internacionalmente como cancerígenos probables. Cuanto más contaminada esté el agua y más cloro se agregue en esta etapa temprana, mayor es la generación de THM.
Estudios internacionales han demostrado que la exposición prolongada a estas sustancias se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de vejiga y de colon, además de posibles efectos en hígado, riñones y sistema reproductivo. Incluso se han encontrado asociaciones con niveles de THM por debajo de los límites legales vigentes en países como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea.
El problema de fondo es que la precloración pretende reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, pero lo hace de manera poco efectiva en aguas tan cargadas de patógenos. Por el contrario, expone a la población a un riesgo adicional: el de ingerir agua con altas probabilidades de contener compuestos cancerígenos.
La solución real no es “tapar el sol con un dedo” añadiendo cloro desde el inicio, sino proteger las cuencas, mejorar la vigilancia sanitaria y aplicar tecnologías de tratamiento más seguras, las cuales están disponibles desde hace mucho tiempo.
En Costa Rica, a pesar de que existen límites legales para los THM en el Reglamento de Calidad del Agua Potable, no se realizan mediciones rutinarias ni aleatorias de estos compuestos en los sistemas de abastecimiento. Es decir, se utiliza la práctica riesgosa de la precloración, sin saber si el agua que llega a los hogares supera o no los niveles recomendados por los organismos internacionales.
Esta omisión constituye una irresponsabilidad grave por parte de las instituciones encargadas de proveer el agua potable (AyA, municipalidades y operadores locales) y, aún más, de los entes llamados a controlarla su calidad (Ministerio de Salud y Minae). Al no monitorear ni reportar estos riesgos, están comprometiendo la salud presente y futura de cientos de miles de personas.
El agua es un derecho humano y debe ser segura desde la fuente hasta el grifo. Ignorar el problema de los THM y mantener prácticas obsoletas como la precloración en aguas crudas pone en entredicho la salud pública nacional.
Como dijo Hipócrates, considerado el padre de la Medicina: “Antes que curar, es mejor prevenir.” Costa Rica no puede seguir exponiendo a su población a riesgos evitables en algo tan esencial como el agua que bebemos.
e.gonzalez@acasacr.com
Édgar González Contreras es doctor en Microbiología, con más de 40 años de experiencia. Fue presidente del Comité Técnico Nacional de Agua Potable y consultor de OPS, OMS, GTZ y BID. Actualmente, es presidente de la empresa Asesores Calidad del Agua SRL.
