Existen, desde mi perspectiva, dos enfoques para analizar la dinámica de estas elecciones costarricenses en un contexto marcado por riesgos de reversión democrática: la oferta política (propuestas de líderes con tendencias autocráticas) y la demanda ciudadana hacia esa oferta.
Este artículo se concentra en la demanda, examinando desde la ciencia política cinco factores que explican por qué parte de la ciudadanía tolera o apoya propuestas antidemocráticas: polarización y lealtad partidaria, prioridades económicas, valores culturales e identitarios, racionalización democrática y heterogeneidad en el entendimiento sobre la democracia.
Comprender esa demanda –qué incentivos intervienen, qué precio se está dispuesto a pagar y qué costos se invisibilizan– permite identificar por qué tales propuestas se tornan competitivas en nuestro mercado político-electoral.
Tres ciclos electorales de propuestas disruptivas
A pesar del alto apoyo a la democracia que los costarricenses manifiestan (75,2%, CIEP 2025) y la confianza en las elecciones como mecanismo de transferencia pacífica del poder, parte de la ciudadanía acudirá con angustia a emitir su voto este domingo.
Desde 2018, las elecciones presidenciales han sido percibidas por algunas personas ciudadanas como una suerte de plebiscito del propio modelo de convivencia política y social. Emitir el voto se ha convertido en un dilema existencial, donde ya no se escoge un proyecto partidario, sino la supervivencia misma de nuestro marco democrático.
Propuestas políticas disruptivas en cada uno de esos ciclos electorales han amplificado gradualmente nuevas dimensiones de amenazas a las reglas del juego democrático.
En 2018, gran parte de los electores no tuvo problema en votar por el candidato que proponía desmantelar avances en igualdad y derechos de las mujeres y minorías, así como remover a Costa Rica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; tampoco en 2022, por quien atacaba a los medios de comunicación y proponía gobernar vía referéndum.
Y para estas elecciones de 2026, cerca de un 40% del electorado, según las encuestas, al parecer no tendría objeción para apoyar propuestas de la candidata oficialista como la suspensión de garantías individuales bajo la lógica de la seguridad, la concentración de poder mediante búsqueda de supermayorías y reformas constitucionales orientadas al rediseño de controles al Ejecutivo.
¿Qué explica el apoyo popular a propuestas antidemocráticas?
La primera explicación está relacionada con la polarización afectiva y la lealtad partidaria (Kingzette et al 2021, Graham y Svolik, 2022), donde profundas divisiones políticas y sociales llevan a algunos ciudadanos a votar por su partido por encima de la protección del régimen democrático. El ciudadano juzga con un doble standard y es más benevolente con las violaciones de su propia agrupación. En Costa Rica, aunque existen temas polarizantes, el desalineamiento partidario actual indica que cruzar líneas partidarias no debería ser un obstáculo para ciudadanos que, efectivamente, quisieran rechazar intenciones antidemocráticas dentro de su propio partido.
La segunda explicación es la relacionada con las prioridades o beneficios económicos de los votantes (Fieldman y Mazepus, 2018). El alineamiento de los intereses de los ciudadanos con políticas económicas específicas, o con altas expectativas sobre el desempeño económico de un candidato, puede ser un factor determinante para priorizar el apoyo a propuestas antidemocráticas a cambio de una mayor estabilidad económica. Este apoyo resulta relevante, por ejemplo, en las actuales condiciones de alto costo de la vida.
La tercera explicación se vincula al peso de los factores culturales e identitarios (Norris e Inglehart 2022). Algunos grupos socialmente conservadores o excluidos de los impulsos de la globalización tienden a apoyar comportamientos antidemocráticos como reacción a transformaciones aceleradas de normas y valores (cultural backlash). En la elección de 2018, el factor cultural/identitario fue una razón para desdeñar los potenciales retrocesos en materia de pluralismo y derechos fundamentales por parte de aquellos que veían en la igualdad de género, el matrimonio igualitario y otros derechos una amenaza a sus valores.
La cuarta explicación es la de la racionalización democrática (Bryan 2023, Krishnarajan 2023), aduciendo que la conceptualización de la democracia por parte de la ciudadanía y la aceptación de implementación de medidas iliberales está sujeta a un razonamiento políticamente motivado. Los ciudadanos pueden estar racionalizando sus percepciones y convenciéndose a ellos mismos de que determinado comportamiento antidemocrático es democrático si coincide con sus perspectivas políticas y con lo que consideran óptimo para el país.
Desde ese ángulo, algunos costarricenses, que podrían incluso encontrarse entre el significativo grupo que apoya la democracia, podrían al mismo tiempo estar favoreciendo medidas iliberales al pasarlas por el tamiz de sus propias percepciones y sobre lo que consideran que es bueno para el país (protege valores culturales o identitarios, reduce el costo de la vida, o salva al país de la amenaza de la inseguridad y violencia).
La quinta y última explicación analiza el rol de la heterogeneidad de lo que se entiende por democracia (Wunsch, 2025) y cómo ello informa de las evaluaciones que los ciudadanos hacen sobre las transgresiones a la democracia liberal. Así, en Costa Rica, quizá un ciudadano que concibe la democracia únicamente como realización de elecciones no percibirá como amenaza la intención de un líder de suspender las garantías individuales o la rendición de cuentas al Ejecutivo.
En el mercado electoral, parte de la ciudadanía costarricense se arriesga a pagar un alto costo democrático a cambio de beneficios. El riesgo es que cuando la demanda ciudadana se sustenta en esos trueques, las élites duplican su oferta.
Tatiana Benavides Santos es politóloga, investigadora y analista política para varios medios en Estados Unidos.