Trolebuses, tranvías y metros alimentados con electricidad circulan en casi todas las urbes desde finales del siglo XIX. El tranvía de San José fue el primer transporte colectivo urbano del país, y operó desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX.
Es tiempo de una nueva disrupción tecnológica, ambiental y social. Aunque financieramente el Estado deba asegurar unos precios asequibles a los usuarios y posibilitar, así, la consolidación de una alianza público-privada para la construcción y el financiamiento, la magnitud de los beneficios económicos, ambientales y colaterales, producto de esta obra, justifican un tren rápido de pasajeros en la Gran Área Metropolitana lo antes posible.
La única forma de producir un cambio en la organización del transporte urbano, que incluya los modos tradicionales de transporte de pasajeros con combustibles fósiles por carretera y la potencial sectorización, depende de tener una columna vertebral de traslado masivo, rápido y continuo de personas, y, en este caso, resulta que el tren es la opción, con evidentes ventajas comparativas con respecto de otras ideas.
La existencia del derecho de vía en todo el recorrido y la alternativa de pasos a desnivel significan que la velocidad, frecuencia y continuidad de los traslados serán eficientes no solo para las conexiones, sino también para la mejora de la calidad de vida de los usuarios.
El hecho de que pasen cada cinco minutos por la estación para abordar en hora pico y cada quince minutos en horario habitual, y que además el recorrido de punta a punta por el norte, Alajuela-Paraíso, se estime en cerca de 97 minutos y el de Ciruelas-Atlántico en 50, con módulos con capacidad para 600 pasajeros, nos da una idea de su valor público.
Retribución a los contribuyentes. La sociedad, cuya distribución del ingreso cada vez se concentra más en los percentiles superiores, debe encontrar mecanismos para revertir la situación, por lo menos a través de servicios públicos de gran calidad y penetración territorial, a bajo costo y fiables, como el acceso a Internet de todos los estudiantes.
Esta obra resulta ser una de esas retribuciones. Aparte del valor social, desde el punto de vista de la recuperación de la senda del crecimiento económico, la inversión pública con participación privada en proyectos de esta magnitud es un elemento esencial para ir saliendo de la recesión que deja la pandemia, y ayuda a disminuir el desempleo de trabajadores de la construcción y contener la inflación sin recurrir al aumento de la oferta monetaria.
El financiamiento proporcionado por el BCIE y el Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas asciende a $550 millones, en condiciones muy favorables, con una tasa combinada del 1,61 %, de los cuales $250 millones pagarán cero interés, a 40 años y 10 de gracia, más una donación de $21,3 millones y el resto del préstamo del BCIE a 25 años, sin comisión de compromiso, con 5 años de gracia.
Sin embargo, surgen argumentos sin fundamento sobre el origen del aporte del Estado, o el momento de hacerlo, o el impacto sobre la deuda, para retardar una decisión que urge al país y ha demostrado necesidad, versatilidad y viabilidad con la operación actual de las unidades que adquirió el Incofer el año pasado.
El impacto de la suma solicitada de aprobación legislativa es minúscula ante el 60 % del PIB adeudado y el aporte del Estado de $95 millones anuales, que disminuiría al subir paulatinamente la demanda del servicio y se pagaría luego del período de construcción de tres años.
Más aún si se plantea la ejecución del proyecto por etapas. La primera, según recomendación del BID, precisaría una inversión de $475 millones, con $33 millones de aporte anual, entre San José y Alajuela, totalmente operable independientemente.
Energía renovable. Las características energéticas y ambientales del proyecto representan una oportunidad tangible. El hecho de que el tren elimine durante su vida útil cerca de 7,6 millones de toneladas de CO2 y otros gases de la combustión del diésel y las gasolinas, utilizados en el transporte de personas, resulta relevante en comparación con los 8 millones de toneladas actuales.
La energía eléctrica que se utilizará como fuente de alimentación, además de renovable, ayudará a que las empresas distribuidoras aumenten sus ventas, posibilitando de esa manera una incursión mayor de la generación distribuida sin perjudicarlas, además de mejorar el uso de la capacidad instalada del ICE y la posible consideración de la generación privada de electricidad como complemento.
Es hora de que el gobierno, del signo que sea, demuestre que puede hacer una alianza público-privada como se debe, exitosa en la contratación de un proyecto de obra pública que cumpla los estándares internacionales, que la planificación y el presupuesto no presenten las desviaciones y atrasos a que nos tienen sometidos, que la obra se concluya en alcance, calidad, costo y tiempo previstos, y que la operación alcance su vida útil satisfactoriamente.
El autor es consultor.