A lo largo de la historia política moderna, el liberalismo ha desempeñado un papel central en la construcción del principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Esta idea, que hoy se considera un pilar de las democracias contemporáneas, nació de la convicción de que la libertad individual y la igualdad ante la ley solo pueden garantizarse plenamente cuando el poder político se mantiene neutral frente a las creencias religiosas.
Este enfoque cobró fuerza durante los grandes procesos de transformación política, como la Ilustración y las revoluciones liberales en Europa y América. En estos contextos, la separación entre Iglesia y Estado se convirtió en una herramienta para limitar el poder de las instituciones religiosas sobre la vida pública y para afirmar la soberanía popular. Constituciones y leyes comenzaron a establecer la libertad de culto, la educación laica y la igualdad jurídica como derechos fundamentales.
En América Latina, los movimientos liberales del siglo XIX impulsaron reformas profundas en países como México, Colombia y Argentina. Estas reformas buscaron reducir la influencia de la Iglesia en ámbitos como la educación, el registro civil y la administración de bienes, con el objetivo de fortalecer un Estado moderno y garantizar que todos los ciudadanos fueran tratados de la misma manera, independientemente de su fe.
Para los liberales, la separación no significaba hostilidad hacia la religión, sino una forma de protegerla. Al liberar a las confesiones religiosas del control estatal, se les permitía desarrollarse de manera autónoma y auténtica, sin convertirse en instrumentos del poder político. Al mismo tiempo, el Estado laico se consolidaba como un espacio común donde podían convivir personas con distintas creencias o sin ninguna.
En el mundo actual, esta visión sigue siendo relevante. El resurgimiento de posturas fundamentalistas y la utilización de discursos religiosos con fines políticos han reavivado el debate sobre los límites entre fe y poder. Para la democracia, es fundamental mantener esa frontera clara para preservar el pluralismo, el diálogo democrático y los derechos humanos.
La separación entre la Iglesia y el Estado no es solo una norma jurídica, sino una expresión de un ideal más amplio: el de una sociedad en la que cada persona pueda creer, pensar y vivir según su conciencia, sin imposiciones ni privilegios, bajo un marco común de leyes justas y libertades compartidas.
En nuestro país se rompieron estas reglas desde hace rato. Políticos y pastores se confundieron de toga, de púlpito y de atril. Recordemos cómo hasta se logró inscribir un partido político con el símbolo histórico del cristianismo.
Sin embargo, hoy día se han traspasado todos los límites imaginables. Doña Laura Fernández resultó hasta ecuménica: un día quiere una misa en la basílica de los Ángeles, y al otro, se reúne con lo más conservador de los sectores evangélicos en el Templo Bíblico para ofrecer de forma descarada puestos como botín de guerra. La piñata es abierta: diputaciones, puestos en la Defensoría de los Habitantes, en el Servicio Exterior, en Salud y Educación, y hasta una legislación especial.
Ni qué decir de Fabricio Alvarado, quien continúa utilizando las imágenes religiosas en su propaganda pagada. Definitivamente, esta desfachatez debe tener un límite, porque la única perdedora es nuestra democracia. Hemos visto cómo, en contubernio electoral, el actual presidente logró traerse abajo la norma técnica utilizando mentiras y más mentiras.
Jesús de Nazareth lo tenía muy claro. Ante una trampa tendida por sus enemigos, les respondió: “Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”. ¡O sea, no nos confundamos ni de pulpito de ni atril!
Este arroz con mango que tenemos en Costa Rica solo les sirve a los autoritarismos, porque un pueblo alienado y manipulado es su caldo de cultivo.
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Yolanda Bertozzi es abogada y activista.
