EscucharHoy, en una sociedad donde la inseguridad ciudadana no solo es percepción sino realidad, es común que los políticos hagan uso del derecho penal para obtener réditos electorales. Esto es lo que llamamos el populismo mediático, estrategia que se ejecuta a través del discurso de la cero tolerancia, no a la alcahuetería, y severidad y aumento de penas como medios para reducir las conductas delictivas.
Es en los años 90, con un aumento desmedido en la población penitenciaria en los países latinoamericanos, cuando quienes decidían políticamente bajo estos discursos, emiten y aprueban propuestas de aumentos de penas para acallar el clamor social de inseguridad que se vivía y que hoy se vive fuertemente. Esta fue la solución sencilla que se dio, sin medir realmente los resultados que se obtendrían. Hoy ha quedado demostrado que fue una solución errónea.
El discurso que no les gustaba a quienes, de manera populista, pedían altas penas y cero tolerancia, sostenía que la respuesta a los hechos delictivos debía ser una combinación de trabajo social, reformas institucionales y programas de tratamiento. Esto, porque la finalidad de la pena es la rehabilitación, la resocialización y la reinserción social.
Por eso, era importante conocer las causas del delito para tomar medidas que permitieran prevenirlo y, con ello, lograr la reducción de casos.
Sin embargo, al no obtenerse resultados con los sistemas tradicionales, que no generaban una política criminal integral, se empezó a desconfiar del conocimiento de los expertos y, sobre todo, de la capacidad de los Estados para procurar el bienestar social. El resultado de esto ha sido el resurgimiento de las propuestas punitivas para combatir la criminalidad, las cuales han ido ganando terreno, a pesar del fracaso que siempre han tenido.
Esta represión pretendida tiene diversidad de causas, dentro de las cuales destacan, en primer lugar, el aumento en la desigualdad, más pobreza y falta de oportunidades, lo que impide a los ciudadanos optar por condiciones que permitan vivir dignamente.
La segunda razón es la reacción conservadora que existe y que nace de la percepción social de los delitos. El actual discurso descalifica las explicaciones estructurales y complejas sobre la criminalidad para dar paso a los argumentos individualistas, donde los delincuentes son “basura social” que debe ser desechada.
Por último, el incremento de hechos delictivos vinculados al crimen organizado y el consumo de drogas propicia el ataque contra las políticas rehabilitadoras, pues se consideran ineficaces.
El auge del populismo punitivo se manifiesta en propuestas para transformar las cárceles, la magnificación de las víctimas y la politización de la percepción de inseguridad con usos electoralistas.
La prisión se convierte, entonces, en el eje central del punitivismo y de los mecanismos de control penal. Los expertos atribuyen el crecimiento del número de internos penitenciarios a transformaciones en las políticas penales y no a un aumento de la delincuencia.
La pérdida de confianza en la función rehabilitadora de las cárceles –las cuales más bien se consideran escuelas de delincuencia– nos lleva a cuestionar la utilidad de la reclusión. Vale preguntarse si encerrar por largos períodos a quienes cometen delitos en las llamadas megacárceles tiene algún efecto reeducativo. Esto, asumiendo que encarcelando a más gente viviremos más tranquilos, y esperando que las instituciones penitenciarias mantengan controlados a los individuos peligrosos con el fin de garantizar seguridad del resto de la ciudadanía.
Pero hoy debemos sumar al populismo punitivo la instrumentalización de las víctimas, para pretender justificar esta preponderancia de la función retributiva del sistema penal. Entonces, los discursos del populismo punitivo convierten la relación entre víctimas y delincuentes en un juego de suma cero. El cuestionar el endurecimiento de las medidas y la restricción de derechos a las personas privadas de libertad, el abogar por el derecho al cumplimiento de la pena lícita y en forma digna, se considera un insulto hacia sus víctimas.
No es casual que los incrementos en las penas se anuncien en medio del revuelo causado por casos de asesinatos y agresiones sexuales a niños y adolescentes, o que los testigos de estas víctimas y sus familiares sean centrales en los debates políticos y en los discursos, incluso ahora hasta en las conferencias de prensa. Situar a la víctima en el centro del debate, sin importar que sea revictimizada, es lo que se considera viable para la percepción de la sociedad.
Se asume que todas las víctimas comparten un mismo deseo de venganza; el castigo severo se presenta como parte de su derecho a ser resarcidas, y todo posible beneficio penitenciario para los privados de libertad se percibe como un agravio para la sociedad entera. Entonces, se exige más prisión y durante más tiempo, sin importar la evidencia empírica que vincula la duración de las condenas con las probabilidades de reincidencia.
Los discursos políticos y mediáticos de tolerancia cero tienen consecuencias sobre la percepción social de los mecanismos de control y castigo del delito, que son errados. Nos dan a entender que se puede combatir y reducir la delincuencia sin considerar sus causas; vinculan problemas como la drogadicción, la pobreza y la suciedad de las calles con la delincuencia, y convierten a los cuerpos policiales en los encargados de solucionar un interminable abanico de problemas enmarcados en el ámbito difuso de la convivencia, dejando por fuera las políticas criminales integrales.
La alternativa al populismo punitivo no es negar el derecho de las personas a sentirse seguras, sino impulsar políticas que realmente generen seguridad. Para ello, son necesarias políticas sociales y criminales integrales, donde la represión y la prevención tengan un punto de encuentro, y haya oportunidades para todas las personas.
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Rafael Rodríguez Salazar es abogado y notario.
