EscucharEn días recientes el Gobierno anunció su interés de que Costa Rica pase a formar parte de Petrocaribe. Dada la importancia del inminente acceso a este mecanismo de financiamiento de la factura petrolera, conviene explorar, a grandes rasgos, el impacto que tendría ese acuerdo en las finanzas públicas y la economía del país.
Petrocaribe es un acuerdo de cooperación energética, iniciativa del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Esta organización nació el 29 de junio del 2005 con la participación de 14 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Posteriormente, se adhirieron Haití y Nicaragua.
Petrocaribe propone una escala de porcentaje de financiamiento según los precios del petróleo a nivel internacional. A los precios actuales se tendría acceso al financiamiento del 60% de la factura petrolera. Igualmente tiene un período de gracia para el financiamiento de dos años y un período de pago de 25 años, a una tasa de interés del 1%. El pago a corto plazo del 40% de la factura es de tres meses.
Impacto en las finanzas. Si Costa Rica hubiera sido miembro de Petrocaribe, en julio del 2008 hubiera pagado, a 90 días plazo, $54,5 por barril de petróleo, no $136,16 a 9 días plazo según las reglas financieras actuales. Es decir, el 40% del precio según las normas de Petrocaribe; el restante 60% costaría, valor presente, $104,9 (una tasa de interés del 1% financiado a 25 años plazo).
Si este mismo 60% del precio se financiara en el mercado, costaría $239,4, valor presente (una tasa de interés del 4,3% financiado a 25 años plazo). Es decir, con Petrocaribe se hubiese ahorrado, solo en julio anterior, $134,5 por barril, valor presente.
En síntesis, el ahorro proviene del la diferencia en las tasas de interés a las que el Gobierno puede pedir prestado para financiar la factura petrolera.
Así, según cifras oficiales, por ejemplo, la factura petrolera alcanzaría los 2.800 millones de dólares este año. De estar incorporados a Petrocaribe, hubiésemos pagado 1.120 millones en un plazo de tres meses, más 2.157 millones valor presente (una tasa de interés del 1% financiado a 25 años plazo). Esto significaría, entonces, un ahorro de 2.765 millones respecto al escenario sin Petrocaribe (una tasa de interés del 4,3% financiado a 25 años plazo).
¿En beneficio del consumidor? La pregunta natural es si el Gobierno y el Congreso transferirían ese ahorro a los consumidores. O sea, si bajarían los precios de los combustibles o, por el contrario, se deciden a utilizar esa diferencia para no tener que zocar mucho la faja en las finanzas públicas.
En todo caso, debido a la naturaleza del choque externo, habría una redistribución de riqueza intratemporal (entre los miembros de la generación actual derivada de sus diferentes niveles de consumo de combustibles, ingreso y capacidad de transferir el aumento del costo de los hidrocarburos) e intertemporal (entre la generación de hoy y las futuras generaciones); esto, por cuanto se debe cancelar el crédito, hoy o mañana, que concede Petrocaribe o los ahorrantes nacionales o foráneos.
El asunto tiene principalmente más aristas, políticas e institucionales. Sin embargo, no se debe perder de vista en ningún momento que lo que está en juego es el bienestar de todos los habitantes de Costa Rica con sus respectivas consecuencias socioeconómicas de corto y largo plazo (muchas veces olvidadas). Por tanto, este es el objetivo que debería guiar a los diseñadores y ejecutores de políticas públicas en la decisión sobre Petrocaribe y sus implicaciones económicas presentes y futuras.
