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Hay debates que no me molestan por la diferencia de criterio. Me molestan por la hipocresía. Y este proyecto sobre patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte es uno de esos casos.
De entrada, admito que estoy a favor de permitir ese patrocinio bajo reglas claras. No porque crea que el alcohol sea inocuo ni porque piense que el Estado no deba regularlo. Todo lo contrario. Estoy a favor porque prefiero una actividad visible, fiscalizada y limitada, antes que la cómoda costumbre nacional de prohibir en público lo que se celebra en privado (como en fiestas de fin de año, cumpleaños o lanzamientos de campaña).
El deporte costarricense necesita recursos. Necesita canchas, uniformes, transporte, implementos, entrenadores, fogueos, apoyo para ligas menores y oportunidades reales para atletas que muchas veces representan al país con más sacrificio que respaldo.
Quienes conocen el deporte de base saben que muchas asociaciones sobreviven entre rifas, cuotas familiares y dirigentes poniendo plata de su bolsillo. Entonces, resulta muy fácil oponerse desde una curul, con discurso solemne, mientras otros ven cómo pagan el bus del próximo torneo.
El proyecto no plantea una fiesta sin control. Propone que el Ministerio de Salud regule previamente la publicidad comercial relacionada con bebidas alcohólicas. También permite dirigir recursos al deporte infantil, pero prohíbe utilizar marcas o nombres de bebidas alcohólicas en uniformes deportivos de ligas menores. ¿Dónde está, entonces, el escándalo? ¿En que haya dinero privado? ¿En qué ese dinero se ordene por ley? ¿O en que algunos prefieren posar de guardianes morales cuando el tema les sirve políticamente?
Porque ahí está lo que indigna. La misma fuerza política que se rasga las vestiduras por el supuesto peligro de que una marca de licor se vincule al deporte no parece tener problema en celebrar actos políticos en un bar, con música, fotografías, campaña y ambiente festivo.
Entonces, el licor es una amenaza para la niñez si ayuda a financiar deporte, pero es parte del paisaje cultural si acompaña una actividad partidaria. Esa doble vara no es salud pública. Es conveniencia.
También me parece risible la idea de que un niño, por ver una marca en el entorno deportivo, crecerá automáticamente queriendo consumir alcohol. Si la publicidad funcionara de esa forma mecánica, todos seríamos exactamente lo que anuncian camisetas, vallas y graderías. La mayoría hemos visto marcas de pan, bancos y comidas rápidas, entre tantas otras marcas pegadas en una valla o la espalda de un jugador, y no por eso salimos corriendo a comprar todo lo que aparece en cada pauta comercial.
La publicidad influye, sí. Por eso se regula; convertirla en una especie de hechizo inevitable es subestimar a las familias, la educación y el criterio ciudadano.
La discusión seria debería ser otra: cómo financiamos el deporte sin abandonar la prevención; cómo protegemos a menores sin fingir que viven en una burbuja; cómo exigimos consumo responsable sin castigar a los atletas y cómo aseguramos que esos recursos lleguen a infraestructura, ligas comunales y procesos formativos. Eso sería útil. Lo demás es teatro.
Y si vamos a hablar de valores, hablemos en serio. Me preocupa mucho más la hipocresía democrática que la publicitaria. Me preocupa ver a personas que en Costa Rica se presentan como defensoras de derechos, protestan, bloquean y denuncian, mientras que, en otros contextos, muestran una tolerancia inexplicable frente a procesos electorales ampliamente cuestionados, como el venezolano. No se puede pedir pureza institucional aquí y mirar con suavidad a regímenes que atropellan libertades allá.
Ese es el punto de fondo. La coherencia no se exige solo cuando conviene. La democracia, la salud pública y la niñez no deberían usarse como utilería de oposición. Si el patrocinio debe regularse, regúlese bien. Si los recursos deben fiscalizarse, fiscalícense con firmeza. Si hay riesgos, pónganse límites. Pero no convirtamos una oportunidad para financiar el deporte en una cruzada moral selectiva.
Costa Rica necesita menos sermones y más soluciones. Menos poses de superioridad ética y más responsabilidad práctica. El deporte no se financia con indignación de plenario, ni con comunicados, ni con frases diseñadas para redes sociales. Se financia con recursos, reglas, transparencia y control.
No todo patrocinio es una amenaza. No toda regulación es una rendición. Y no toda oposición moral es virtud. A veces, detrás de tanto discurso correcto, lo único que aparece es una doble moral difícil de disimular.
konradsolis@gmail.com
Konrad Solís Fallas es politólogo.
