¿Para qué sirven las universidades públicas?

Las discusiones sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) han revelado algo más profundo que un desacuerdo presupuestario. Lo que está en juego no son únicamente los fondos que recibirán las universidades públicas, sino una pregunta mucho más importante: ¿para qué existe una universidad pública en una democracia moderna?

Considerando el contexto actual del país, que sale de un gobierno cuya política de negociación fue la polarización y entra a otro donde es muy probable que esta se agudice, resulta difícil sostener una discusión serena y productiva sobre la educación superior.

El oficialismo ha planteado que las universidades deben evaluarse principalmente según criterios de eficiencia, empleabilidad y generación de retornos económicos inmediatos. Bajo esta lógica, la educación superior debería responder casi exclusivamente a las necesidades del mercado laboral y justificar cada inversión mediante resultados visibles y rápidos. En esa visión de corto plazo, las carreras largas se vuelven sospechosas, la investigación básica parece un lujo y las humanidades pasan a considerarse prescindibles.

Costa Rica necesita educación técnica y generación de empleos. Nadie discute eso. La formación técnica y la universitaria no son enemigas: ambas deben coexistir y complementarse para ampliar las oportunidades de formación académica y laboral del país.

Sin embargo, reducir todas las universidades a centros de capacitación técnica sería abandonar su razón de ser. En un mundo donde la inteligencia artificial transforma constantemente el empleo y donde las habilidades laborales cambian con rapidez, la capacidad de aprender, adaptarse y pensar críticamente, que se genera en las universidades, se vuelve aún más importante.

Las universidades públicas deben modernizarse. Deben revisar programas desactualizados, fortalecer la formación multilingüe, ampliar la cobertura regional, reducir la asfixiante tramitología, absorber el recurso humano formado localmente y en el extranjero, y responder mejor a los cambios tecnológicos y sociales contemporáneos. Invertir en la universidad pública no significa defender torres de marfil ni negar la necesidad de reformas profundas.

Pero modernizar no significa únicamente mercantilizar.

Resulta preocupante que el país esté entrando en una dinámica donde las universidades públicas compiten entre sí por recursos cada vez más limitados, o donde se plantea una falsa dicotomía entre educación superior y educación básica. Costa Rica necesita fortalecer ambas. Una nación no se construye debilitando universidades para sostener escuelas, ni abandonando escuelas para financiar universidades.

El problema de fondo es la ya crónica e insuficiente inversión nacional en educación (3 puntos por debajo del 8% constitucional, que es la menor inversión de los últimos 40 años) y la creciente contradicción de destinar enormes recursos públicos a corporaciones extranjeras mientras las instituciones educativas son presentadas como un gasto excesivo.

Las universidades públicas también deben asumir una autocrítica importante: no han sabido comunicar adecuadamente a la ciudadanía la magnitud de los beneficios que generan. Mucha de la investigación, innovación, acción social y apoyo técnico que sostiene al país permanece invisible para buena parte de la población.

Ese vacío ha permitido que el debate público se simplifique a la discusión de cifras presupuestarias, privilegios reales o percibidos y discusiones administrativas, mientras se invisibiliza el enorme aporte universitario a la salud pública, la biodiversidad, la agricultura, la cultura, la formación docente, la atención de emergencias y la construcción histórica de la clase media costarricense.

La investigación en biodiversidad, por ejemplo, ha sido fundamental para construir el prestigio ambiental de Costa Rica y sostener parte importante del flujo turístico que hoy constituye una de las principales fuentes de ingreso del país.

De igual manera, la investigación universitaria ha contribuido al desarrollo de sueros antiofídicos reconocidos internacionalmente, a la generación de nuevas variedades agrícolas adaptadas a las condiciones tropicales y al estudio y control de enfermedades genéticas que afectan a la población costarricense, por citar apenas algunos ejemplos. Muchas de las tecnologías que hoy sostienen la economía moderna nacieron precisamente de investigaciones básicas que en su momento parecían “improductivas”. Una sociedad que abandona la ciencia de largo plazo termina debilitando su propia capacidad de innovación, pierde su identidad y depende cada vez más del conocimiento generado en otros países.

Las universidades públicas costarricenses también han sido el ascensor de movilidad social. Miles de profesionales provenientes de zonas rurales y sectores de bajos ingresos accedieron, gracias a ellas, a oportunidades que antes estaban reservadas para élites económicas. Debilitar esas instituciones en nombre de la eficiencia puede profundizar aún más las desigualdades sociales y acelerar la fuga de talento hacia el extranjero, precisamente en momentos en que las oportunidades profesionales dentro del país se reducen.

La cultura no puede medirse únicamente con indicadores simplistas de rentabilidad. El pensamiento crítico rara vez resulta cómodo para quienes ejercen el poder político o económico. Las grandes universidades del mundo no se construyeron subordinándose completamente a las demandas coyunturales del mercado, sino al crear espacios para la ciencia, las artes, la filosofía, las humanidades y la investigación independiente. No es casualidad que, en muchos gobiernos autoritarios, las universidades y los espacios de pensamiento crítico sean los primeros en ser debilitados y controlados.

Costa Rica exige elevar la calidad del debate público sobre educación superior. Más que reducir la discusión a criterios de corto plazo o a disputas presupuestarias, se requiere una conversación informada y rigurosa sobre el papel estratégico de las universidades públicas en el desarrollo nacional.

Fortalecer y modernizar estas instituciones, mejorar su conexión con las necesidades sociales y productivas y sectores estratégicos emergentes, y ampliar su impacto en la sociedad es una tarea ineludible que, en gran medida, ya forma parte de su quehacer histórico y de su misión fundamental.

Pero ello no implica subordinar su misión intelectual y científica a una lógica exclusivamente inmediatista. La educación superior requiere de una visión de Estado lúcida, no decisiones guiadas por cálculos políticos ni por narrativas simplificadoras o vengativas.

En un contexto de inversión social históricamente baja, el debate no debería centrarse en justificar reducciones que debiliten aún más al sistema educativo.

Costa Rica no necesita menos educación, sino una apuesta más decidida, estratégica y sostenida por el conocimiento. La forma en que el país resuelva esta discusión no solo impactará a sus universidades, sino que definirá su compromiso con la equidad y con el futuro que aspira a construir.

faetornis@yahoo.com

Gerardo Ávalos Rodríguez es catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR).