Las organizaciones de mujeres de Costa Rica han vuelto a levantar la voz. No lo hacen en defensa abstracta de una institución ni por una disputa entre poderes del Estado. Lo hacen porque conocen, desde la experiencia acumulada durante décadas, lo que significa para una mujer encontrar una puerta abierta cuando necesita protección, denunciar la violencia y exigir justicia.
El Manifiesto de las Mujeres por el Derecho de Acceso a la Justicia, suscrito por numerosas organizaciones, colectivos y redes, nace de esa memoria común. Son mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, rurales, costeras, trabajadoras, profesionales, sindicalistas, con discapacidad, defensoras de derechos humanos y activistas, quienes advierten que debilitar la institucionalidad democrática tiene consecuencias concretas sobre la vida de las mujeres en todo el territorio nacional.
Esta voz colectiva importa. Durante muchos años, las organizaciones de mujeres han acompañado a víctimas, han abierto espacios de escucha, han impulsado leyes, han exigido políticas públicas y han señalado las fallas del Estado. Conocen los vacíos institucionales no porque los hayan estudiado desde la distancia, sino porque han caminado junto a mujeres que llegan golpeadas, amenazadas, empobrecidas o silenciadas a pedir ayuda.
En contra recortes
Por eso, cuando estas organizaciones denuncian los recortes presupuestarios que amenazan el funcionamiento del Poder Judicial, no están defendiendo una estructura burocrática, están defendiendo juzgados de violencia doméstica, fiscalías especializadas, oficinas de protección a las víctimas, personal capacitado y recursos que pueden determinar si una mujer recibe protección a tiempo o queda nuevamente sola frente a su agresor.
La preocupación es aún mayor porque este debilitamiento ocurre en un contexto de violencia creciente contra las mujeres y de femicidios que continúan desgarrando familias y comunidades. En lugar de fortalecer los mecanismos de prevención, atención, investigación y sanción, el país corre el riesgo de reducirlos precisamente cuando más se necesitan.
Las organizaciones de mujeres también han señalado el deterioro de otras instancias encargadas de proteger sus derechos. Cuando fallan los servicios de prevención, acompañamiento y atención especializada, el Poder Judicial se convierte muchas veces en la última puerta. Si esa puerta también se debilita, el acceso a la justicia deja de ser un derecho efectivo y se transforma en una promesa vacía.
Defender la independencia judicial no significa afirmar que el Poder Judicial sea perfecto. Las propias organizaciones de mujeres han sido persistentes al exigir una justicia más cercana, sensible, rápida y libre de prejuicios. Pero una cosa es demandar su transformación y otra muy distinta permitir que se reduzca su capacidad de proteger derechos y buscar desde el Poder Ejecutivo su asfixia.
Avances
Nada de lo conquistado por las mujeres surgió por concesión espontánea. Los juzgados especializados, las fiscalías, las medidas de protección y los protocolos de atención existen porque muchas mujeres se organizaron, denunciaron, investigaron, marcharon e hicieron propuestas. Se negaron a aceptar que la violencia fuera un asunto privado. Debilitar hoy esos avances sería desconocer una historia de lucha colectiva y poner en riesgo vidas concretas.
El manifiesto también interpela la forma en que se utiliza la comunicación pública para desacreditar instituciones sin fundamento técnico o jurídico. En una democracia, la crítica es necesaria, pero no puede convertirse en una estrategia sistemática para erosionar la confianza en los controles institucionales y en la división de poderes.
Por eso el llamado de las organizaciones de mujeres trasciende sus propias agendas. Convocan a universidades, sindicatos, comunidades, colectivos feministas, sociedad civil y ciudadanía en general a mantenerse vigilantes y articuladas. Defender el acceso a la justicia de las mujeres es defender la democracia, porque una democracia se mide también por la manera en que protege a quienes enfrentan violencia, discriminación y abuso de poder.
Cuando las organizaciones de mujeres levantan la voz, no hablan únicamente por sí mismas. Hablan desde la experiencia de miles de mujeres que han buscado justicia y saben lo difícil que puede ser encontrarla. Escuchar esa voz colectiva es reconocer que los derechos conquistados nunca están completamente asegurados y que toda sociedad democrática tiene la obligación de impedir retrocesos.
No se trata solamente de proteger al Poder Judicial. Se trata de proteger la posibilidad de que una mujer denuncie sin miedo, sea escuchada con respeto, reciba protección oportuna y encuentre una respuesta del Estado. Se trata, en última instancia, de defender su vida, su dignidad y su libertad. Y como si fuera poco defender el Estado social de derecho, pilar de nuestra democracia.
La historia ha demostrado que cuando las instituciones se debilitan, las primeras en pagar el precio suelen ser las personas más vulnerables. Para miles de mujeres, el acceso a la justicia no es una discusión ideológica ni presupuestaria. Es la diferencia entre vivir con protección o quedar solas frente a la violencia. Por eso, guardar silencio nunca es una opción.
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Yolanda Bertozzi es abogada, teóloga y escritora.