Democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Democracia es el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Democracia es el gobierno de la mayoría.
En una democracia directa las decisiones políticas son tomadas directamente por el pueblo (Suiza). En una democracia representativa, el pueblo elige delegados para que gobiernen en su representación (Costa Rica). En una democracia participativa, el pueblo participa de la toma de decisiones mediante mecanismos que les permiten influir en las políticas del Estado (Porto Alegre, Brasil).
El tema de la democracia viene a cuento, porque para los costarricenses vivir en democracia debería significar más que elegir representantes cada 4 años. En un final, la base de la democracia está en la voluntad general y no en el sufragio.
Para Rousseau, “la soberanía no puede ser representada por la misma razón por la que no puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa”. Además, señala que la base del contrato social reside en la voluntad general. El contrato social fija los derechos y deberes de los individuos, y define el marco de acción del Estado, que es la representación de la colectividad y de la voluntad general. El Estado les pertenece a todos los ciudadanos y su razón de ser es el bien común.
¿Las políticas del Estado costarricense reflejan la voluntad general y la búsqueda del bien común? Una nota en La Nación del 23 de noviembre anterior, desnuda nuestra realidad: “La apatía política va en aumento... Según Steffan Gómez, del Estado de la Nación , este es el impacto provocado por los casos de corrupción en la Administración Pública y la falta de vinculación entre los partidos y las necesidades de los ciudadanos”.
En conclusión, las políticas del Estado costarricense no reflejan la voluntad general; los representantes que elegimos no satisfacen las necesidades del pueblo. El Estado ha dejado de ser un medio para buscar el bien común para convertirse en un fin en sí mismo.
Adicionalmente, el modelo político y el normativo otorgan un exceso de poder a las minorías que les permite manipular la voluntad general: no se puede producir más energía eléctrica renovable a nivel privado porque el ICE y algunos diputados se oponen a una nueva ley; un megapuerto que beneficiará al país está en riesgo porque un sindicato y una cámara se oponen; un solo diputado puede boicotear la aprobación de cualquier ley gracias a un reglamento legislativo obsoleto; un grupo de vecinos bloquea el libre tránsito del resto de habitantes por cualquier protesta; el sector público (centralizado y descentralizado) que congrega al 20% de la masa laboral del país, consume en salarios, prebendas, etc. los recursos para inversión y desarrollo del resto de los habitantes; varios políticos se ponen de acuerdo para imponer un nuevo plan fiscal, en contra de la voluntad general que demanda atacar la ineficiencia y burocracia del Estado para reducir el déficit fiscal.
Si no se respeta la voluntad general, la democracia en Costa Rica está viciada.
Hoy tenemos la oportunidad de dar una lección de democracia a la clase política, haciendo valer la voluntad general contra la reforma fiscal y contra otras arbitrariedades que el sistema político permite. Todos hacemos democracia, no solo los políticos.
El poder de oponernos, alzar la voz y golpear la mesa, están en nuestras manos. Sin embargo, hasta ahora hemos actuado como siervos menguados, ante el irrespeto a la voluntad general.
¿Tiene sentido seguir bajo un sistema político en el que se cede la representación de la voluntad general, cuando la tecnología le permite al grupo social opinar y tomar decisiones democráticas en tiempo real que sí reflejan su voluntad? Esta debería ser una de las interrogantes fundamentales sobre el futuro de nuestro sistema político.