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Fotografía con fines ilustrativos. (GRACIELA SOLIS)
Me aventuro a creer que no podía salir a la luz en mejor tiempo. Siempre los informes del Estado de la Educación ofrecen rigurosos diagnósticos que nos ayudan a entender lo que pasa en nuestra educación, sobre lo que debemos hacer para apoyar al principal instrumento nacional de progreso individual y colectivo.
Pero el octavo, recién publicado, lo hace en un escenario extraordinario para Costa Rica. Golpeados profundamente por una covid-19 que aún no nos abandona y que ha desnudado debilidades arrastradas durante años no solo dentro de la educación, este informe nos confronta con la necesidad de decisiones estratégicas. Y, en segundo lugar, se publica cerca del período en que el país decidirá su mando político por los siguientes cuatro años.
Los más de 20 partidos políticos, en busca de la presidencia o de escaños legislativos, tienen la obligación de responder a las serias preguntas y, sobre todo, a las acciones que este informe ha planteado. De la combinación de pandemia y contexto electoral podrían emerger desarrollos «laberínticos», claro, pero también se ofrece una oportunidad valiosa: colocar a la educación en un centro del debate nacional que ayude a decantar aspirantes.
Aquí, ya no habría espacio para diletantismo o simples respuestas generales: sería el espacio para ofrecer propuestas dentro de la matriz preliminar de asuntos específicos que nos ofrece este valioso informe. Y, además, con la certeza de que la ruta inevitablemente trascenderá el siguiente mandato gubernamental. Esto sería una prueba para la madurez de nuestra ciudadanía.
El llamado a un acuerdo nacional que se plantea en el octavo informe precisamente expresa, por un lado, que se atraviesa una crisis educativa colosal que, aun haciendo las cosas bien, tomará muchos años para resolverse (incluso más de una década). Y, por otro, que en la solución deberán ser muchos los llamados. También, que debemos ser mesurados en no atribuir los «entuertos» solamente al Ministerio de Educación Pública —al cual sin duda le corresponden los suyos— o a dejar de identificar resultados positivos —que se han dado y han sido relevantes— aunque por supuesto se deberán mejorar.
El «apagón educativo» no solo se vive en Costa Rica, y la situación en varias partes del planeta ha sido también catastrófica. Es importante tener una perspectiva muy amplia, que tome en cuenta los desarrollos internacionales.
Creo que casi todos estaremos de acuerdo en un pacto nacional estratégico por la educación, pero, como bien señala el informe, las entidades o personas participantes en ese acuerdo no deben hacerlo para estar meramente «presentes» sino para construir colectivamente soluciones con compromisos precisos, agendados y siempre con rendición de cuentas.
Se esperaría la participación no solo de entidades del sector educativo sino de otros sectores nacionales, pues hemos visto cómo las soluciones de muchos asuntos apuntan al conjunto de la sociedad (por supuesto, dentro de escogencias pertinentes).
La construcción de ese acuerdo nacional demandaría además propósitos claros: responsables, planes, protocolos y, especialmente, un cronograma que debe estar basado en un criterio de urgencia. No hay tiempo que perder.
El autor es matemático y filósofo.
