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Costa Rica atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de las últimas décadas.
Las diferencias entre los poderes de la República forman parte de la normalidad democrática. La democracia supone desacuerdos, controles recíprocos y tensiones entre quienes ejercen el poder público. Ningún sistema de libertades puede subsistir sin el debate ni sin la posibilidad de cuestionar las decisiones de las autoridades.
Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre el conflicto democrático y la deslegitimación de las instituciones llamadas precisamente a resolver esos conflictos.
Cuando la confrontación política conduce al desconocimiento de las competencias constitucionales de los órganos del Estado, el problema deja de ser una controversia entre actores públicos para convertirse en una preocupación de toda la ciudadanía. En ese momento, comienza a erosionarse uno de los pilares más valiosos de nuestra convivencia: la confianza en el Estado de derecho.
La virtud de una sociedad democrática y de un Estado social de derecho no radica en la uniformidad de criterios, todo lo contrario. Su fuerza reside en la capacidad de sus instituciones para resolver desacuerdos o conflictos. Ese ha sido uno de los mayores logros de Costa Rica.
Durante generaciones, hemos construido una república en la que ninguna autoridad está por encima de la Constitución y en la que las diferencias encuentran cauces institucionales para su resolución. Ese legado no pertenece a un gobierno, a un partido político ni a un poder de la República: pertenece a toda la sociedad costarricense.
Las discrepancias jurídicas son legítimas, como también lo son las críticas a las resoluciones judiciales. Pero una cosa es disentir y otra muy distinta, debilitar la legitimidad del orden constitucional que hace posible ese mismo disenso.
La historia demuestra, en especial en nuestra región, que los sistemas democráticos se deterioran lentamente. Lo hacen, más bien, mediante un desgaste gradual alimentado por la polarización, la desconfianza y la incapacidad de reconocer la legitimidad de quienes piensan distinto. Cuando los adversarios dejan de verse como interlocutores y pasan a ser considerados enemigos, la democracia comienza a perder uno de sus fundamentos esenciales: la convivencia.
Costa Rica no puede permitirse recorrer ese camino.
Los desafíos económicos, sociales, educativos y de seguridad que enfrenta el país exigen instituciones sólidas, ciudadanía comprometida y liderazgos capaces de anteponer el interés nacional a cualquier diferencia coyuntural. Ninguno de esos desafíos encontrará solución en la confrontación permanente ni en el debilitamiento institucional.
La Constitución Política no es únicamente un texto jurídico; es el pacto fundamental que sostiene nuestra convivencia democrática. En ella se establecen las reglas mediante las cuales resolvemos nuestras diferencias sin renunciar a la paz, a la libertad y al respeto mutuo. Cuando ese pacto se debilita, todos perdemos, independientemente de nuestras preferencias políticas.
Este es, por tanto, un momento que exige serenidad, responsabilidad y grandeza. Serenidad para impedir que las diferencias se transformen en confrontaciones irreparables; responsabilidad para actuar siempre dentro del marco constitucional, y grandeza para comprender que ninguna victoria política justifica poner en riesgo aquello que durante casi ocho décadas ha distinguido a Costa Rica: su democracia, su institucionalidad republicana y su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos.
Desde la Universidad de Costa Rica, hacemos un llamado respetuoso a quienes ejercen responsabilidades públicas para que el diálogo sustituya a la descalificación, la prudencia prevalezca sobre la confrontación y el interés superior de la República oriente cada una de sus decisiones.
Ese llamado se extiende también a toda la ciudadanía, porque la democracia no se preserva únicamente desde las instituciones: se construye cada día en el respeto por quienes piensan diferente, en la defensa de la verdad y en la voluntad de anteponer el bien común a la pasión del momento.
Costa Rica ha demostrado, a lo largo de su historia, que posee la madurez para superar sus momentos más difíciles sin renunciar a sus principios fundamentales. Confiamos en que también esta vez será así.
Que prevalezcan el diálogo sobre la confrontación, la Constitución sobre la incertidumbre y la democracia sobre cualquier forma de intolerancia. Porque la mayor fortaleza de una república no reside en la ausencia de conflictos, sino en la decisión colectiva de resolverlos dentro del Estado de derecho. Ese compromiso nos pertenece a todas y todos.
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Carlos Araya Leandro es rector de la Universidad de Costa Rica.
