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La planta hidroeléctrica Los Gemelos, en Pérez Zeledón, y Río Jiménez, en Guácimo, son ejemplos de proyectos privados descartados en 1999 y el 2001. Esto ocurrió debido a la oposición de las comunidades donde operarían, a pesar de contar con el visto bueno del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
No fueron los únicos. Los argumentos para oponerse a ellos fueron variados, aunque en gran medida basados en especulaciones. En general, los vecinos estaban de acuerdo con la necesidad de utilizar energía eléctrica para sus actividades productivas, de ocio y comodidad, pero preferían que se produjera lejos de sus casas, sin importar si la fuente era contaminante o no.
Costa Rica cuenta con cientos de cuencas aprovechables para la generación de energía eléctrica, de diversos tamaños. Las plantas hidroeléctricas construidas por el ICE y otras empresas públicas y privadas han contribuido al desarrollo del país durante décadas.
El impacto ambiental de estas obras fue compensado con la reducción de emisiones de dióxido de carbono, el aprovechamiento del agua para riego, planes de reforestación, mantenimiento de bosques en las cuencas, cuidado del caudal ecológico, donaciones y colaboración con las comunidades, generación de empleo de calidad, pago de impuestos y activación económica.
Lo curioso es que los vecinos de esas comunidades, así como los grupos externos con intereses creados que los apoyaron, no se pronuncian cuando se construyen plantas eléctricas que operan con combustibles fósiles, como las que están próximas a instalarse debido a la falta de nuevos proyectos de energía renovable.
El país habría ahorrado millones de dólares en la compra de petróleo e importación de energía contaminante si estas dos plantas y otras pequeñas y medianas se hubieran construido a tiempo.
Lo mismo ocurre con los rellenos sanitarios. El camión pasa por nuestras casas dos veces a la semana para llevarse los desechos; cuanto más lejos, mejor. Hace unos veinte años se abrió el relleno en La Carpio. No hubo mayor oposición porque la comunidad vecina es marginal, mayoritariamente extranjera, poco organizada y sin el apoyo de los grupos tradicionales que suelen oponerse a iniciativas productivas con algún impacto ambiental.
Ahora, las autoridades apuran el paso porque ese relleno debe cerrar. Aunque se plantearon otras tecnologías para tratar los desechos, respaldadas por estudios archivados desde hace años, ya no hay tiempo para ejecutarlas.
Por otro lado, aunque existe una entidad pública encargada de estas gestiones, además de las municipalidades, el urbanismo del área metropolitana es claramente desorganizado: inconexo en infraestructura vial y transporte público, invasor de terrenos fértiles y carente de planeamiento estratégico.
Ya no quedan espacios adecuados para nuevos rellenos sanitarios, y ya se escuchan voces en contra del que quizá sea el último utilizable a corto plazo. Muchos recordarán el proyecto en Esparza para transportar los desechos en tren, que también fue rechazado por la comunidad.
Se dice que las comparaciones no son buenas, pero nuestra idiosincrasia parece excluir el bienestar común a mediano y largo plazo. Nos movilizamos rápidamente para atender desastres naturales, como el reciente temporal en Guanacaste, pero no tenemos la visión de trabajar de forma constructiva y colectiva para solventar necesidades comunes, como las planteadas en estos ejemplos.
lpmurillo@cfia.or.cr
Luis Pablo Murillo Rodríguez es ingeniero eléctrico.
