Las cifras que expuse en un artículo anterior, “Fatalidades invisibles: el motor de pobreza que se sigue acelerando en Costa Rica”, no son solo estadísticas: son vidas, familias devastadas y comunidades empobrecidas en silencio. Hoy reivindico con mayor fuerza: la magnitud de nuestra tragedia vial está profundamente enraizada en una falta de inversión estructural en seguridad vial, exacerbada por un problema multicausal que exige respuestas urgentes.
Un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito seguros en las Américas (2024), muestra que Costa Rica se encuentra entre los países que no invierten de manera sistemática en zonas de alto riesgo, puntos críticos (puntos negros) ni en carreteras más seguras. El mismo informe advierte de que los países de la Región de las Américas todavía están lejos de cumplir la meta 4 del Plan Mundial 2021-2030 sobre seguridad vial, la cual establece que para el año 2030 más del 75% de los desplazamientos se realicen en carreteras que cumplan normas técnicas de seguridad para todos los usuarios. En este contexto, los esfuerzos nacionales en Costa Rica podrían no estar alcanzando el nivel de lo recomendado por la OMS para el decenio 2021-2030, lo que representa un desafío serio en materia de planificación estratégica y de priorización de recursos públicos.