EscucharTécnicamente se define la “Minería de datos” o “Data mining” como el proceso para encontrar correlaciones y patrones dentro de enormes bases de datos. Durante años, miles de compañías han utilizado este mecanismo para escanear y analizar el mercado, determinando, por ejemplo, cuál producto se vende y por qué.
Más recientemente, surge la aplicación del concepto como parte de la experiencia internacional en materia de supervisión y vigilancia, especialmente en el sector financiero. Con este propósito se han implementado mecanismos para la obtención de información oculta que es de importancia estratégica para los procesos de investigación y a la cual normalmente no se podría acceder por medio de las técnicas clásicas.
Aprovechando el crecimiento de los últimos años en la capacidad para generar y recolectar datos por medio de los avances tecnológicos, se ha logrado convertir esa información en materia prima bruta que, en manos de especialistas y por medio de un adecuado modelo, se transforma en un valor agregado dentro de los procesos de supervisión y fiscalización.
Se consigue de esta forma el acceso sin límite a registros, bases de transacciones, documentos y datos de todo tipo que permiten, por ejemplo, identificar redes familiares para la detección de conflictos de interés.
Ahora bien, el acceso a toda esta información debe estar protegido por el deber de confidencialidad con cargo al órgano supervisor y limitado su uso estrictamente al ejercicio de las competencias legalmente conferidas de inspección y vigilancia.
Bien podría inspirarnos la experiencia chilena, específicamente el caso del regulador del mercado de valores de ese país, cuyo software ha permitido el desarrollo de aplicaciones con capacidad para detectar la habitualidad en determinadas operaciones, el aporte individual de cada inversionista para la formación del precio de un instrumento en un periodo determinado, o bien, el cruce de bases de datos para la detección de uso de información privilegiada.
Las bondades de este tipo de métodos están amparadas, sin lugar a duda, por el interés público que, a su vez, cobija las actuaciones de los órganos encargados de la inspección y vigilancia de determinadas materias, en particular, la contratación y la probidad en el ejercicio de la función pública. La implementación del “Data Mining” nos queda entonces como una tarea difícil pero indispensable si se quiere garantizar un adecuado ejercicio de las funciones de supervisión y fiscalización en nuestro país.
