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Hace pocas semanas participé, como joven costarricense, en el Tercer Encuentro Regional de Jóvenes Latinoamericanos sobre Control del Tabaco, celebrado en Montevideo, Uruguay.
El espacio, impulsado por la Red CREA y Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK), en colaboración con la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS), reunió a jóvenes de distintos países para conversar sobre políticas públicas, prevención e incidencia en salud.
Regresé a Costa Rica mientras el país discute el expediente 25.668, Ley para la Eficiencia Fiscal y Combate al Contrabando de Tabaco. La iniciativa propone modificar la estructura tributaria vigente, incluida una reducción del impuesto específico aplicable a los cigarrillos.
El contrabando existe y debe combatirse. Pero reconocer ese problema no debería llevarnos automáticamente a debilitar una de las herramientas utilizadas para reducir el consumo de tabaco.
La pregunta de fondo no es si Costa Rica debe enfrentar el comercio ilícito –por supuesto que debe hacerlo–, sino cuáles son las medidas más efectivas para combatirlo sin retroceder en materia de salud pública.
Pero la discusión no termina ahí. Los impuestos al tabaco no cumplen únicamente una función recaudatoria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) los considera una de las medidas más costo-efectivas para reducir el consumo, especialmente entre jóvenes y personas de menores ingresos. Cuando el tabaco se vuelve menos asequible, disminuye el consumo y se dificulta la iniciación.
Esa dimensión importa particularmente cuando observamos el tema desde las juventudes. Las políticas sobre el tabaco no afectan solo a quienes ya consumen. También construyen el entorno en el cual adolescentes y jóvenes decidirán si comienzan o no a hacerlo.
En Montevideo comprendí algo que debería acompañar esta discusión nacional: el control del tabaco no depende de una sola medida. Tributación, prevención, ambientes libres de humo, regulación, fiscalización y combate al comercio ilícito forman parte de una misma arquitectura de salud pública.
Por eso, plantear el debate como una elección entre impuestos o contrabando puede conducirnos a una falsa dicotomía. La OMS señala que el comercio ilícito puede ser enfrentado incluso en contextos de impuestos y precios elevados.
Además, el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco contempla herramientas como el control de la cadena de suministro, sistemas de seguimiento y localización, cooperación internacional y fortalecimiento de la aplicación de la ley.
Costa Rica es parte de ese protocolo. Esto abre preguntas que merecen respuesta: ¿qué impacto tendría una reducción tributaria sobre el precio final?, ¿cómo afectaría la asequibilidad entre jóvenes?, ¿qué proporción del contrabando responde realmente a la estructura impositiva y cuál a debilidades de fiscalización, trazabilidad o control fronterizo?, ¿qué medidas podrían aplicarse simultáneamente para reducir el comercio ilícito?
No se trata de ignorar el contrabando ni de asumir que ninguna política pueda revisarse. Las leyes deben evaluarse y ajustarse cuando la evidencia lo justifique. Se trata de observar todas sus consecuencias.
Ese fue quizá el aprendizaje más importante que traje de Uruguay. Una política pública no puede medirse únicamente por su intención ni por una sola variable. Debe analizarse por sus efectos sobre la recaudación, la legalidad, el consumo, la prevención y las generaciones que crecerán bajo sus reglas.
Quienes somos jóvenes no deberíamos aparecer en esta conversación únicamente como destinatarios de campañas de prevención. También debemos participar en el debate sobre las decisiones que definirán nuestro entorno durante las próximas décadas.
Costa Rica tiene ante sí una discusión que merece evidencia, transparencia y perspectiva de largo plazo. Combatir el contrabando y proteger la salud pública son objetivos que deben analizarse conjuntamente.
Porque cuando discutimos cuánto cuesta un cigarrillo, no hablamos solamente de colones. Hablamos también de prevención, juventud y salud.
yermariflores081@gmail.com
Yermari Flores Valle es coordinador nacional del Movimiento Juventud Saludable.
