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En Costa Rica, los ciudadanos estamos profundamente preocupados –e indignados– por la grave situación de inseguridad y narcotráfico que atraviesa el país. En este contexto, resulta fundamental que quienes aspiran a gobernar actúen con coherencia ética y política, especialmente cuando se habla de una supuesta “mano dura” contra el crimen organizado.
Por eso, genera una contradicción difícil de ignorar que el actual entorno político del presidente, o el proyecto que encabeza Laura Fernández, contemple como candidato a diputado a José Miguel Villalobos, abogado que ha ejercido la defensa de personas acusadas de narcotráfico.
No se puede sostener, con credibilidad, un discurso de combate frontal al narco mientras se eleva a cargos de poder a quienes han construido parte de su trayectoria profesional defendiendo a los acusados de ese mismo delito.
Aclaro: no cuestiono el derecho a la defensa ni el ejercicio privado de la abogacía. En un Estado de derecho, toda persona tiene derecho a un abogado. Pero una cosa es la práctica privada y otra muy distinta es aspirar a representar a la ciudadanía desde un cargo público, donde los estándares éticos deben ser más altos. La política no es solo legalidad; también es moralidad y coherencia.
Resulta aún más preocupante la reacción de algunos seguidores de Laura Fernández, quienes, ante esta evidente incongruencia, optan por la justificación o la indiferencia. Esa actitud recuerda la metáfora planteada por José Saramago en Ensayo sobre la ceguera: una sociedad que, aun teniendo ojos, decide no ver. Se condenan la corrupción y el narcotráfico solo cuando afectan al adversario político, pero se hace la vista gorda cuando toca a los propios.
Costa Rica necesita coherencia, no ceguera selectiva. Si de verdad queremos enfrentar al narcotráfico con firmeza, debemos empezar por exigir integridad a quienes pretenden gobernarnos.
dianasalasg@gmail.com
Diana Salas Guzmán es vecina de San Rafael de Escazú.
