Hay frases que una democracia no puede dejar pasar como si nada. Y hay una que, pronunciada por un ministro de Justicia, debería preocuparnos seriamente: “Los tenemos identificados”.
El ministro Gabriel Aguilar Vargas utilizó esas palabras para referirse a personas críticas del plan Cero Ocio. Las llamó “zurdos”, “zurdos de clóset” y afirmó, además, conocer que recientemente se habían reunido.
¿En serio hemos llegado a esto?
No estamos discutiendo si Cero Ocio es una buena o una mala política pública. Ese es otro debate. Estamos ante algo bastante más grave: ¿por qué un ministro de Justicia tiene “identificados” a ciudadanos que critican una política del Gobierno y por qué sabe que se reunieron?
¿Quién los identificó? ¿Cómo obtuvo esa información? ¿Con qué propósito?
Porque, dicho sea de paso, “los tenemos identificados” no es precisamente una frase para dormir tranquilos cuando viene de una autoridad pública.
El ministro tiene el deber de explicarlo.
En una democracia, el Estado puede y debe investigar delitos. Pero pensar distinto no es un delito. Criticar al gobierno tampoco. Y reunirse para cuestionar una política pública no convierte a nadie en sospechoso. Eso se llama libertad.
Y hay algo todavía más elemental: al Estado no debería importarle si quien lo critica es de izquierda, de derecha, de centro o no quiere ponerse ninguna etiqueta. La libertad no depende de la ideología del ciudadano ni de cuánto le incomode al gobierno lo que dice.
Y aquí está lo verdaderamente inquietante.
Hoy, los “identificados” son quienes cuestionan Cero Ocio. Mañana podrían ser quienes critiquen una decisión presidencial, una política de seguridad, un decreto o cualquier otra actuación gubernamental.
¿Y después?
Porque así empiezan a borrarse límites que creíamos claros. No necesariamente con grandes anuncios ni con solemnes declaraciones autoritarias.
A veces empieza con palabras. Con etiquetas. Con un “zurdo” dicho desde el poder. Con un “sabemos que se reunieron”. Con un “los tenemos identificados” que dejamos pasar porque no se refería a nosotros.
Hasta que un día podría referirse a nosotros.
Ese es el peligro de acostumbrarnos. Lo que hoy toleramos porque le ocurre al que piensa distinto, mañana puede alcanzarnos precisamente porque pensamos distinto.
Por eso, estas declaraciones son mucho más graves que un exabrupto verbal.
Y hay algo casi paradójico: quienes ejercen el poder parecen pedir explicaciones a quienes los critican, cuando, en una democracia, la relación funciona exactamente al revés.
El ministro debe explicar qué quiso decir. No porque sus críticos tengan que rendirle cuentas, sino exactamente por lo contrario: porque es él quien ejerce poder público y debe rendir cuentas a los ciudadanos.
Costa Rica ha construido su democracia sobre una idea sencilla: nadie debe temer al Estado por pensar diferente. Conviene recordarlo antes de que empecemos a considerar normal lo que jamás debería serlo.
En una democracia, el gobierno no tiene críticos “identificados”. Tiene ciudadanos libres.
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Ana Virginia Calzada es abogada, exmagistrada de la Sala Constitucional y excandidata presidencial.