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El concepto “Tercera República”, cargado de simbolismos, suena atractivo para quienes lo conocen: evoca cambios profundos, renovación y una ruptura con los problemas del presente.
Sin embargo, además de ser un concepto más bien ambiguo para “el tico de a pie”, lo cierto es que su sola mención nos debería llamar a la prudencia: coquetear con el término “Tercera República” sugiere impulsar transformaciones profundas en el Estado costarricense.
No solamente estamos delante de un escenario peligroso, sin claridad ni consenso. Sugerir la necesidad de refundar el Estado costarricense mediante una reforma constitucional no solo es innecesario, sino que desnuda a quienes, con gozo, lo gritan a los cuatro vientos.
Trampas al debate nacional
Partamos de la premisa de que Costa Rica sí requiere ajustes estructurales en su institucionalidad. Muchas de sus leyes, entidades y mecanismos de gobierno están anclados en el siglo XX y no responden a las demandas actuales.
Lo anterior es una verdad de Perogrullo que ningún costarricense puede negar. Pero hay una diferencia abismal entre la necesidad de modernizar el Estado y jugar con la idea de una nueva república.
Lo anterior se agrava cuando no sabemos qué significa, qué se cambiaría y, sobre todo, por qué, para qué o para quién es necesario. Quienes promueven este término sin ofrecer detalles concretos están, consciente e inconscientemente, tendiendo una trampa al debate nacional.
¿Por qué hablar de una “Tercera República” es un problema? Primero, porque es un concepto ambiguo. Históricamente, Costa Rica ha tenido dos momentos fundacionales: la independencia de 1821 (Primera República) y la abolición del ejército en 1949, junto con la Constitución vigente (Segunda República). Pero en ninguno de esos casos se partió de cero: cada época se construyó, de mano de costarricenses preclaros según su época, lo que hizo grande a nuestra nación.
Hoy, hablar de una Tercera República es, cuando menos, atrevido: ¿hablamos de una constituyente o de reformas del Estado y sus instituciones? Si hablamos de una constituyente, ¿qué artículos de la actual Constitución son un obstáculo para el desarrollo del país?
‘No arregle lo que no está roto’
Esta frase, que se le atribuye al gobierno de Jimmy Carter (1977) nos advierte precisamente de que nuestro sistema institucional, a pesar de sus falencias, nos ayuda a mantener la estabilidad democrática que nos distingue.
Y aunque algunas instituciones e incluso leyes deben reformarse si queremos resolver problemas estructurales, como país nos corresponde actuar y tomar decisiones -por difíciles que parezcan–, pero sin tener que recurrir a modificar nuestro pilar fundacional.
En otros países, los llamados a “refundar el Estado” han servido para que grupos de poder –económicos, políticos o ideológicos– impongan cambios a su medida, arreglen lo que no está roto y se aprovechen del desconcierto ciudadano.
En Costa Rica, donde la estabilidad democrática es un activo invaluable, jugar con reformas de tal magnitud no es algo negociable.
La teoría del riesgo creado establece que quien genera voluntariamente una situación peligrosa o incrementa un riesgo, deberá asumir la responsabilidad por los daños derivados de dicha acción.
Quienes promueven el concepto de “Tercera República” están creando un riesgo donde no existía: polarización, inestabilidad política e incluso posibles retrocesos en instituciones. Alteran artificialmente la estabilidad institucional sin que exista una crisis que lo amerite.
Costa Rica no requiere “resetear” su sistema. Por el contrario, la prudencia se debe abrir espacio en los grandes debates nacionales, en donde tengo la esperanza de que los correspondientes actores responsables se refieran a reformas necesarias sin por ello crear incertidumbre en la población.
Seamos realistas: Costa Rica no necesita un nuevo Estado, pero sí un Estado más eficiente. Hay decenas de instituciones públicas que requieren reestructuración, fusiones o incluso su eliminación.
El sistema de pensiones, la burocracia excesiva, la duplicidad de funciones entre entidades y la lentitud judicial son problemas reales que debemos resolver con voluntad política y reformas técnicas. Revisemos el entramado institucional. Simplifiquemos el Estado. Fortalezcamos la rendición de cuentas. Actualicemos leyes.
Sí, tenemos problemas, pero también herramientas para resolverlos dentro de su marco institucional. Quienes insistan en el término “Tercera República” deben explicar, con precisión y honestidad, qué cambiarían y por qué. Si no lo hacen, será válido sospechar que detrás de esa idea no hay un afán de progreso, sino intereses particulares o una peligrosa frivolidad política.
El pueblo costarricense merece más que eslóganes. Merece propuestas claras, debates serios y reformas concretas. El resto es pura trampa.
paolo@segurosticos.com
Paolo Araya es máster en Gestión de Riesgos.
