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Ahora que empieza la campaña electoral, los candidatos ofrecen soluciones a la violencia con leyes represivas y cárceles de alta seguridad. Prometen erradicar la corrupción con “manos limpias” y acabar con el clientelismo de la casta política, mientras multiplican promesas de todo tipo.
Sin embargo, al mismo tiempo se reduce el presupuesto para educación, salud y vivienda, aumenta la desigualdad y se proponen jornadas laborales de 12 horas, paradójicamente en un contexto en que crece el producto interno bruto por habitante.
Todas estas ofertas de erradicación de males parten de un error: se abordan los problemas como asuntos aislados, sin relación entre sí, cuya solución dependería únicamente de la voluntad y la calidad de las personas.
Un sistema que articula los males
Desde la época colonial, la presencia de estructuras de poder centralizadas, acompañadas de sistemas corruptos basados en el clientelismo y la impunidad, ha configurado los gobiernos latinoamericanos.
Esta herencia ha creado un clima desfavorable para el florecimiento de la organización popular y la separación de poderes que exige la república, favoreciendo la concentración de riqueza y poder en manos de una élite ratera, al tiempo que ha facilitado la dependencia y manipulación de las políticas nacionales por intereses externos.
Se trata de un sistema centralista donde la corrupción y el clientelismo incuban y perpetúan la impunidad. Por ello, las soluciones no pueden ser parciales, aplicadas a cada componente de manera aislada, ni pueden depender solo de las cualidades personales de los dirigentes.
La descentralización no es peligrosa si se acompaña de organización gremial y comunal con mecanismos de rendición de cuentas, como ocurrió en regiones cafetaleras. En cambio, cuando las estructuras clientelistas y mafiosas –en especial, las del narcotráfico, con sus inmensos recursos– capturan primero el poder local y luego penetran las instituciones nacionales, convierten progresivamente en narcoestados a las organizaciones, gobiernos locales y poder central.
El clientelismo es el vehículo por el cual transita –y se instala resbalada como sobre aceite– la corrupción. Sin organización ni control ciudadano, cuando la repartición de los bienes y servicios públicos queda en manos de dirigentes autoproclamados, desaparecen las condiciones para la democracia y la fiscalización social.
La corrupción se consolida en la impunidad de jerarcas y autoridades empresariales. Cuando lo público se maneja con fines personales y no colectivos, el resto de la pirámide institucional se desmoraliza. Así, siguiendo el ejemplo de sus superiores, muchos funcionarios terminan cobrando “peajes” para atender a los ciudadanos. La corrupción se extiende en cascada, trabando y encareciendo toda la estructura institucional hasta convertirse en una cultura.
Cuando, por presión de los ciudadanos, la justicia actúa pero se centra solo en los niveles más bajos (como sobre los vendedores de droga al menudeo) y deja impunes a quienes se benefician del sistema de corrupción, esto no disuade ni desalienta al delito.
Corrupción ha existido desde hace largo tiempo y sigue floreciendo en muchos países del mundo, pero su control no depende de la severidad de las penas, como suelen prometer muchos políticos. No es la dureza de la ley lo que marca la diferencia, sino su aplicación pareja, especialmente en los niveles más altos de las jerarquías. Esto lo han demostrado Singapur, China y Vietnam, para citar casos de países corruptos que pusieron freno a ese mal. Cuando se imponen sanciones ejemplares a los altos mandos, los niveles medios y bajos lo piensan dos veces antes de delinquir, y poco a poco se sanea la administración.
Un cambio sistémico y profundo
Como hemos visto, no existen parches aislados que resuelvan los problemas, pese a lo que pregonan los políticos que destacan su supuesta honradez o limpieza de pasado. La respuesta exige un cambio sistémico profundo, que promueva la descentralización y el empoderamiento de comunidades organizadas para la gestión comunal y empresarial, en especial mediante formas asociativas y cooperativas.
Es fundamental impulsar una organización autónoma, no manipulada por el clientelismo, y fortalecer el capital social con indicadores como los que sugirió Robert Putnam en su estudio sobre Italia: porcentaje de participación electoral, lectura de periódicos, número de organizaciones no religiosas, entre otros. Sobre esa base se debería otorgar el derecho a contar con gobiernos locales autónomos.
Esto exige, al mismo tiempo, una educación acorde con la época y capacitación organizacional que abra oportunidades de participación real en la gestión pública y económica.
Así, combinando descentralización con control efectivo de las comunidades sobre sus proyectos, y garantizando a la vez legislación y acción institucional que eliminen la impunidad de los altos cargos corruptos, será posible ir creando las condiciones para salir del sistema político que nos ancla en el atraso y la dependencia.
Una ruta para fortalecer la democracia
La democracia no se salvará con leyes draconianas, cárceles de máxima seguridad ni supuestos mesías redentores. Se preservará y fortalecerá únicamente con cambios de sistema que incorporen a los jóvenes mediante oportunidades reales y a comunidades organizadas, dotadas de poder para gestionar y fiscalizar lo público desde lo local. Ese camino, impulsado con visión desde las comunidades, es posible.
miguel.sobrado@gmail.com
Miguel Sobrado es sociólogo.
