El problema social y económico de Limón es más grave de lo pensado. El crimen, la droga y la desocupación tienen topada la provincia. Mientras esto ocurre, dirigentes sindicales seguidores de velados intereses, coadyuvan con la adversidad, menospreciando las necesidades de sus vecinos.
Es de todos conocidos que la narcomafia tiene a esa provincia atrapada entre sus garras; panameños, colombianos, dominicanos y otros indocumentados, se pasean por sus calles libremente. La ruta caribeña de la droga facilita el trasiego de esta, debido a que nuestra costa caribeña, así como la nicaragüense, es territorio en donde impera la anarquía, quedando a un paso la entrega de la prohibida mercancía al Cartel del Golfo, señores de la droga en Yucatán.
Ajustes de cuentas. El tipo de sociedad que se está desarrollando en Limón (así como en el resto del país), al pagar los narcotraficantes con droga a sus servidores, debe ser causa de preocupación; la inseguridad es abrumadora, muchas familias desprovistas de valores participan en el trasiego y venta de droga , abundan los centros educativos carentes de programas preventivos, los cuales se utilizan para el comercio de sustancias aún más adictivas; lo anterior, sumado al deseo de poseer dinero fácil, han conquistado la codicia del narcotraficante, quien postra a su víctima, haciéndola esclava de la adicción. En lo que va del año, más de cuarenta muertes violentas han acaecido en esa provincia, en su mayoría relacionadas con ajustes de cuentas entre pandilleros.
En muchas ocasiones, hemos visto a jóvenes destruidos por las drogas en las calles y a mujeres marcadas por la prostitución, quienes son despojadas de toda virtud al caer en poder de redes que trafican con ellas. Este flagelo se origina al ingresar impunemente en nuestro país todo tipo de parias, así lo han denunciado habitantes decentes del lugar, los cuales viven aterrorizados por la violencia que se practica a plena luz del día en esa provincia.
Actuar rápido. Frente a una situación tan grave, lo que cabe es intervenir los muelles y verificar la situación real, en cuanto a seguridad, de estos.
Desconocemos qué motiva a algunos sindicalistas a retar el imperio de la ley, atreviéndose inclusive a desobedecer la voluntad de la mayoría de sus afiliados, impidiéndoles el sagrado derecho al voto. ¿Quién nos asegura que los muelles no están siendo utilizados para cometer hechos ilícitos? Los jefes sindicales aún no se han responsabilizado de la seguridad que debe imperar en ese lugar. Las autoridades nacionales deben de actuar rápido y con firmeza frente a esta amenaza.