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Este viernes 29 de mayo se cumplieron 30 años de la entrada en vigor de la Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Esta norma representó una transformación política y jurídica de gran alcance para Costa Rica. Su principal aporte fue desplazar el paradigma asistencialista y rehabilitador de la discapacidad hacia un enfoque basado en derechos humanos, ciudadanía, autonomía personal e inclusión social. De esta manera, posicionó a las personas con discapacidad (PCD) como sujetos de derechos y actores políticos legítimos, y no únicamente como beneficiarios pasivos de la protección social.
Este cambio fortaleció la participación ciudadana, la incidencia en políticas públicas y la construcción de una democracia más inclusiva, donde las PCD ejercen su ciudadanía y contribuyen al desarrollo nacional.
El avance del enfoque de derechos humanos también impulsó cambios en la cultura política, amplió espacios de participación y fortaleció el papel de las organizaciones de PCD. Este proceso permitió consolidar el modelo social de la discapacidad y, adelantándose a su tiempo, facilitó la armonización del marco jurídico nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008).
La Ley 7600 convirtió la accesibilidad en un eje transversal del desarrollo democrático y de la gestión pública inclusiva. Estableció obligaciones para el Estado, las municipalidades, las instituciones públicas y los actores privados en ámbitos como salud, educación, empleo, infraestructura, transporte, comunicación y cultura. Asimismo, permitió avanzar gradualmente en accesibilidad urbana, adecuaciones curriculares, diseño universal y eliminación de barreras que limitaban el ejercicio de derechos.
Sin embargo, persisten importantes desafíos. La accesibilidad universal continúa siendo desigual entre regiones urbanas y rurales, especialmente en materia de infraestructura y transporte accesibles, tecnologías de apoyo y cumplimiento de estándares educativos. Muchas municipalidades afrontan limitaciones presupuestarias, administrativas y técnicas para implementar la legislación, lo que reproduce desigualdades territoriales en el desarrollo nacional.
En educación, la ley permitió ampliar el acceso de las PCD a la enseñanza regular y universitaria mediante servicios de apoyo y adecuaciones curriculares. No obstante, la expansión de la educación virtual y la transformación digital evidencian nuevos retos relacionados con la accesibilidad tecnológica, las plataformas inclusivas, la formación docente y la disponibilidad de recursos accesibles.
La Ley 7600 también estableció disposiciones sobre la adaptación de los puestos de trabajo y los entornos laborales para impulsar el acceso al mercado formal. Sin embargo, pese a los avances, las PCD, especialmente las mujeres, siguen enfrentando altos niveles de desempleo, subempleo e inactividad laboral.
Persisten barreras actitudinales asociadas a prejuicios sobre la capacidad y el potencial productivo de las personas con discapacidad. A ello se suman debilidades en la formación técnica y una limitada articulación institucional en la ejecución y fiscalización de las políticas de inclusión laboral.
La irrupción de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la automatización y el teletrabajo obligan a replantear la política pública de inclusión laboral y accesibilidad digital. Si no se incorporan criterios de accesibilidad en estas herramientas, se profundizarán las formas de exclusión social, económica y política, particularmente entre las personas con discapacidad en condición de pobreza o vulnerabilidad territorial, que constituyen la mayoría.
Existe la necesidad de fortalecer la rectoría institucional del Conapdis, mejorar la gobernanza pública y consolidar mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. También es indispensable desarrollar un sistema de indicadores confiables que permita medir avances reales y sancionar incumplimientos tanto en el sector público como en el privado.
Treinta años después, el debate debe actualizarse desde una perspectiva interseccional que incorpore variables como género, edad, ruralidad, etnia, pobreza y exclusión digital. Asimismo, debe enfatizarse en que el envejecimiento de la población costarricense, estrechamente vinculado con la discapacidad, ya está incrementando la demanda de accesibilidad universal, apoyos para fortalecer la autonomía personal y servicios de cuidado inclusivos, con calidad y cobertura nacional.
De este modo, la inclusión se reafirma como un eje fundamental para la sostenibilidad democrática y la cohesión social.
La conmemoración del 30.° aniversario constituye una oportunidad política para revisar y modernizar la Ley 7600 conforme a los desafíos del siglo XXI. Esto implica fortalecer los presupuestos públicos, los mecanismos de fiscalización, la capacitación institucional y la cultura democrática inclusiva, especialmente frente a intentos regresivos en materia de derechos humanos.
También corresponde reconocer el papel desempeñado por la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes y el movimiento de personas con discapacidad en la ampliación y defensa de estos derechos.
La Ley 7600 constituye una conquista democrática, pero los desafíos actuales exigen evolucionar hacia un modelo más integral, territorial, tecnológico e interseccional, capaz de garantizar una inclusión plena en una sociedad cada vez más compleja y diversa.
cramvar60@gmail.com
Álvaro Mendieta es politólogo y activista de derechos humanos.
