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Si el resultado de las pasadas elecciones fue polémico, más lo son algunas de sus interpretaciones: se habla de ruptura, de distancias, de crisis moral; pero esas lecturas parten de una hipótesis cuestionable: que el voto es castigo, aplauso, lucidez o ignorancia. Esto impregna al sufragio de un aura casi sacral, como si solo debiera ejercerlo una élite instruida. Conviene, pues, partir de premisas más republicanas.
El voto es (para usar un concepto de Marcel Mauss) un “hecho social total”, donde convergen percepciones y expectativas sobre lo que el Estado debería priorizar y garantizar. Es decir, hay algo más que arrebatos emocionales o cálculos estratégicos; se trata de una ciudadanía que, en su decisión, configura criterios de legitimidad y jerarquiza valores.
Esto no insinúa ignorar o negar diferencias territoriales, impactos de la economía global o reestructuraciones ideológicas; solo sugiere que ninguna de estas variables agota el fenómeno sin atender la dimensión cultural del voto. En la urna, opera una “igualdad formal” que suspende -o lo pretende- otras jerarquías, por lo que se hace necesaria una lectura cultural del sufragio.
Tal vez por esa ausencia de lectura antropológica del fenómeno, percibimos distinto este resultado: lo leemos desde la inmediatez y no como la prolongación de expectativas ciudadanas en torno al orden, la presencia del Estado y la justicia.
Coincido con quienes señalan que las fuerzas ideológicas no necesariamente se expandieron o contrajeron, sino que se reorganizaron; pero simplificar el comportamiento electoral a oportunismo o “voto prestado” suele partir de premisas morales respecto de motivaciones políticas legítimas o ilegítimas; pero la cuestión cultural es otra: hay quienes han representado expectativas de control territorial, de lucha contra la corrupción o de eficacia del poder estatal en los territorios etiquetados como “periferia”.
Desde la irrupción de Fuerza Democrática al escenario político, diversos territorios han expresado reiteradamente en su voto que sus aspiraciones de bienestar solo se entienden cuando hay cumplimiento de la ley y aseguramiento básico del orden; por ende, las promesas redistributivas o institucionales son percibidas como insuficientes, vagas o irrelevantes sin una presencia efectiva del Estado.
Hay un uso social del voto. Quien vota no rechaza la existencia del Estado; lo intenta reconfigurar desde sus prioridades, incluso cuando adopta posiciones autoritarias o extremistas en cualquier gama de los espectros ideológicos. No estamos ante una fractura moral entre ciudadanía virtuosa y ciudadanía dantesca; más bien, estamos presenciando una disputa por los criterios en los que se define la autoridad y la justicia.
En este sentido, corregir al votante supone desconocer que actúa dentro de un cuerpo moral coherente. Insisto, el resultado electoral nos habla más sobre cuál presencia estatal es legítima, que sobre una “batalla cultural” entre iluminados y endemoniados. Quizá, la oposición política de izquierda considera que hablar sobre autoridad y justicia los coloca del lado reaccionario del espectro ideológico, pero me permito recordarles que tanto la socialdemocracia como el marxismo tienen suficiente cuerpo teórico y experiencias prácticas para saber cómo se construye justicia y cómo el Estado impone su orden, por lo que pueden hablar y actuar en estos territorios, atendiendo estas demandas y manteniendo sus principios.
Para finalizar, coincido con Saramago en Ensayo sobre la lucidez: si el Estado pierde significancia para un sector de la ciudadanía, el indicador no sería el voto por la autoridad fuerte, sino la abstención. El abstencionismo, pues, podría ser la mayor declaración de desvinculación con el proyecto estatal y, por el contrario, donde se vota existe voluntad de adhesión y reforma.
El resultado electoral, entonces, no manifiesta dos países inversos. Revela el consenso sobre la necesidad del Estado, pero discrepancias persistentes sobre cómo debe ejercer su control y garantizar su justicia. El abordaje cultural del fenómeno no se pregunta por la división, sino sobre los ajustes institucionales que respondan a las expectativas sin lesionar la identidad que teje nuestra ciudadanía costarricense.
leonidastlba@gmail.com
Hugo Leonidas Romero Solano es antropólogo y administrador de la educación no formal.
